Nuevos proyectos urbanísticos arrasan la costa española

- 11 de septiembre de 2018 - 00:00
Turistas caminan por las playas de Caños de Meca, población costera de la provincia de Cádiz, donde se levantan nuevos proyectos inmobiliarios.
Fotos: El Correo Gallego

El boom del ladrillo destruye los pocos espacios protegidos, libres de construcciones, en Cataluña, Andalucía y en las islas Baleares. Greenpeace denuncia daños medioambientales.

A un lado el azul del mar, al otro el verde de los pinos y en medio Aiguafreda, una de las últimas calas casi intactas de la costa mediterránea española, amenazada por un afán constructor después de años de crisis económica.

En Cataluña, en Andalucía o en las islas Baleares, proyectos urbanísticos frenados por la crisis de 2008 se reactivan con la bonanza económica y las asociaciones ecologistas temen una nueva “fiebre del ladrillo” en la ya saturada costa española.

Solo en la Costa Brava, un centenar de kilómetros de agreste litoral al noreste de España, la plataforma SOS Costa Brava contabiliza 20 proyectos para construir hasta 2.000 viviendas.

El mercado de la vivienda creció en España desde 2016 y hay un “renacer del ladrillo” en el país, alerta Greenpeace.

De ellas, 260 corresponden a una nueva urbanización en la cala de Aiguafreda. Parado durante 15 años por problemas de los inversores, trabas administrativas y la crisis económica, el proyecto será  relanzado por nuevos propietarios.

“Sitios como este, tan verdes y con tan pocas casas, quedan pocos. Nos espeluzna que lo podamos perder”, dice Estel Rumbau, de la plataforma Salvemos Aiguafreda, observando este idílico paraje del municipio de Begur.

Anclada entre un pequeño macizo y el Mediterráneo, esta rocosa cala de aguas cristalinas cuenta con solo un puñado de casas camufladas entre los pinos. El ayuntamiento se dice incapaz de detener la construcción: el suelo está proyectado como urbano y expropiarlo para recalificarlo costaría 70 millones de euros. ($ 80,9 millones)

“Mi voluntad sería hacer cero casas pero nuestras armas son las que son. Intentaremos que sean las menos posibles”, defiende el alcalde Joan Manel Loureiro, asegurando que no habrá más de 100 nuevas viviendas.

No es un caso singular: al otro lado de la colina de Aiguafreda, seis excavadoras allanan el terreno para edificar 26 apartamentos con espectaculares vistas hacia las islas Medas, un espacio natural protegido más al norte.

También se han proyectado 60 viviendas en la vecina cala de Sa Riera y en el municipio contiguo de Pals, el ayuntamiento prepara un nuevo plan urbanístico de 1.000 viviendas en lugar de un pinar centenario crecido sobre unas dunas naturales.

En el pintoresco pueblo del genio surrealista Salvador Dalí, Cadaqués, en el norte de Costa Brava, se levantará un centenar de casas y un hotel en una zona limítrofe con un parque natural.

En Begur, los vecinos temen mayor saturación en verano, cuando la población pasa de 4.000 residentes habituales a más de 20.000 y los atascos colapsan la carreterita que une sus calas.

Proyectos similares florecen en la costa española, denuncia Greenpeace: un hotel en un espacio virgen de la playa El Palmar en Cádiz (suroeste), miles de viviendas, hoteles y dos torres de 30 pisos en Roquetas de Mar (sureste) y complejos de lujo al pie del mar en la isla de Mallorca (este).

“Hay un renacer del ladrillo”, advierte Pilar Marcos, responsable de biodiversidad de Greenpeace España. Un informe de esta ONG señala que a pesar de que en 1988 se aprobó una ley para proteger la costa, la urbanización del litoral español se duplicó, con  zonas construidas el 90%.

La mayoría de estos proyectos se ajusta a la legislación, lo que dificulta su paralización, reconoce esta activista, que reclama al gobierno una protección más restrictiva del litoral para evitar mayor masificación. (I) 

El informe

La urbanización

La urbanización de la costa española se duplicó y pasó de 240.000 a 530.000 hectáreas, el 13,1% del total de la costa frente al 2% del interior del territorio nacional, señala el informe A Toda Costa, elaborado por Greenpeace.

La destrucción

Según el estudio, la urbanización del suelo y la destrucción de sus ecosistemas varían entre las regiones y se concentran en determinadas zonas, especialmente en el Mediterráneo y Atlántico sur, donde alcanza el 17,4%, especialmente en las provincias de Barcelona (40,9%), Málaga (26,2%) y Alicante (28,5%).

Más afectados

Cataluña presenta el mayor porcentaje de superficie costera urbanizada, el 26,4%. La Comunidad Valenciana ocupa el segundo puesto en este ranking de la destrucción costera, con el 23,1% de su litoral degradado y el 74,3% de su línea de playa urbanizada. En tercer lugar está Andalucía con el 15,4% degradado.

En Deterioro

En contraste, el País Vasco, con el 12,8%, en el período analizado (2005-2014) es uno de los territorios con menos degradación en sus ecosistemas costeros. Cerca se sitúa la región de Murcia, con el 12,6 %, pero   se observa una tendencia al deterioro de los servicios naturales de su costa. En sexto lugar está Cantabria, con el 12,2% de sus servicios costeros degradados, especialmente por la intensificación de la urbanización.

Menos degradados

Completan la lista las Islas Canarias con el 11,9% de espacios costeros degradados, Galicia (8,4%), Islas Baleares (7,2%) y Asturias (6,7%), los tres territorios con menor porcentaje de paisaje costero degradado.

Pérdida de cultivos

La pérdida más alarmante de servicios ambientales corresponde a la superficie ocupada por cultivos y pastizales, principales generadores de alimentos; en total se redujo el 13,1%,  denuncia el informe.

Reducción de la ribera

La reducción de 10,6% de la vegetación de la ribera de los ríos y otros cauces de agua también acarrea un grave riesgo, según el informe, ya que incrementa la indefensión de la población frente a eventos climáticos extremos.

 Protección específica

Desde Greenpeace destacan que las únicas zonas que se mantienen intactas son las que tienen figuras de protección específica (parques nacionales, parques naturales, etc.), y por ello reivindica una adecuada gestión del territorio costero, que tenga en cuenta los bienes y servicios que aportan los ecosistemas. (I)

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