Perú.-

A más de 20 días de iniciado el paro regional indefinido contra la implementación del proyecto minero Conga, Cajamarca mantiene en vilo al escenario político peruano. La emergencia de conflictos socio-ambientales en el sur y centro del país certifican el carácter nacional de su impacto. Mientras tanto, desde el 18 de junio referentes del Comando Unitario de Lucha Cajamarquino (CULC) y la Federación Universitaria de Cajamarca (FUC) permanecen en huelga de hambre. Exigen al gobierno que declare la inviabilidad del proyecto.

Por su parte, el presidente Ollanta Humala presentó el Paseo de las Montañas en la Conferencia  de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. La iniciativa exhibe la sustentabilidad ambiental del modelo económico nacional. Al referirse al conflicto Conga, Humala ratificó su voluntad de diálogo con las partes en pugna.

Por último, Roque Benavides, uno de los principales accionistas afectados, confirmó negociaciones mantenidas con funcionarios para incorporar modificaciones al proyecto original. Tales cambios  buscarían atenuar la conflictividad suscitada por el emprendimiento minero. Días antes el Ministro de Energías y Minas habría desmentido la existencia de dichos encuentros.

Hace nueve meses que el pueblo cajamarquino se moviliza contra la iniciativa megaminera. Su lucha puede entenderse en dos etapas. La primera se inició en noviembre de 2011 y culminó en febrero de este año con la Marcha Nacional por el Agua. Durante este lapso el conflicto consiguió interpelar a amplios sectores de la sociedad peruana.

La segunda comenzó el  21 de mayo con la Marcha de los Caxamarcas y se extiende hasta nuestros días. El desenlace resulta impredecible, pero es innegable que tendrá repercusiones de largo alcance en el universo institucional peruano. Para dimensionar la relevancia que subyace al conflicto megaminero es necesario repasar el papel de las gestiones post-fujimoristas en la consolidación de un modelo económico basado en el extractivismo, el crecimiento del capital transnacional y la consecuente extranjerización de la economía, y la resistencia de los pueblos contra el saqueo y depredación de sus bienes comunes. Conga es expresión de este imbricado laberinto.

El conflicto primera fase

Conga es un emprendimiento a cargo de Minera Yanacocha S.A. Sus primeros pasos fueron sigilosos: en el 2004 se inició la exploración del área, en 2007 se desarrollaron los estudios de base ambiental, a partir del 2008 se diseñó la ingeniería del proyecto y el Ministerio de Energía y Minas aprobó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) incompleto.  En marzo de 2010 se dio a conocer la versión definitiva del EIA y se presentó en sociedad: Minas Conga se realizaría a cielo abierto y estaría ubicada en el centro geográfico de 25 lagunas. Se estima que la actividad de la mina se extenderá por veinte años.

En este tiempo utilizará 4 lagunas para  tareas de lavado y acumulación de residuos mineros. Conga afectará a tres provincias y 20 mil hectáreas de territorio cajamarquino. 210 son las comunidades campesinas que habitan la zona. A mediados de 2010  la población se movilizó en contra del proyecto. Alan García, con el costo político de la masacre de Bagua a cuestas, debió congelar la iniciativa. Durante la campaña presidencial de 2011, Ollanta Humala visitó el departamento. En diferentes actos proselitistas instó a los cajamarquinos a defender la vida y luchar contra las empresas abusivas. Su consigna: agua sí, oro no. El 5 de mayo de 2011 asumió la presidencia de la nación. Luego de meses de incertidumbre el primer mandatario anunció la imposibilidad de romper acuerdos con Yanacocha S.A. En diciembre un marco amplio de organizaciones sociales y sindicatos paralizó por 15 días la región.

La respuesta del Gobierno Nacional no se hizo esperar: estableció el Estado de emergencia y militarizó la zona, especialmente las áreas donde se parapetaban maquinarias de la minera. El descontento con la decisión gubernamental cobró visibilidad en los medios masivos de comunicación y la resistencia popular contra Conga se expandió por todo el territorio nacional. La Marcha Nacional del Agua, organizada en febrero de 2012, obligó al Ejecutivo a descartar la vía represiva. La revisión  del EIA y la búsqueda de alternativas para el suministro de agua, expresaron el cambio de estrategia gubernamental.

La resistencia popular, expresada orgánicamente en el CULC, desestimó la primera iniciativa: la empresa contratada para controlar la rigurosidad del EIA fue elegida unilateralmente por el Gobierno, los parámetros de la investigación nunca fueron explicitados. En cuanto a la segunda iniciativa para destrabar el conflicto, Yanacocha S.A. ofreció remplazar las lagunas por reservorios de agua artificiales. En 2010, ante un conflicto similar, la minera construyó el reservorio San José.  En los últimos  meses circularon videos y fotografías que lo ilustraban completamente seco. Esta opción también fue descartada por el CULC. Procesamientos a líderes sociales, rectificaciones de promesas electorales y un sinfín de acciones dilatorias actualizan el escenario hasta el pasado 31 de mayo.

A tajo abierto

Con 1’455.201 habitantes Cajamarca es el cuarto departamento más poblado de Perú. El 67 por ciento de su población económicamente activa trabaja en el campo. La raíz de su tradición agrícola-ganadera  debe buscarse más allá del Tahuantinsuyo. La producción  incluye papa, yuca, camote, rocoto, cacao, café, ganado vacuno y ovino, queso, leche, manteca. Además, sus ríos y lagunas son ricos en truchas, lifes, cashcas, characocas, lluscas y cascafés. La diversidad geográfica de las provincias cajamarquinas conjuga sierras, valles y yungas. Sin Embargo, a contramano de su biodiversidad y en consonancia con la consolidación de la megaminería, los índices sociodemográficos de la región son alarmantes. Pican en punta las estadísticas de mortalidad infantil y pobreza.

La minería en la región data de épocas coloniales. Hasta fines de siglo XX las explotaciones asumían al socavón como tecnología imperante y su gravitación económica era relativa. Las minas Hualgayoc y Paredones son expresiones de este modo de producción. Sus pasivos mineros aún contaminan el río Arascorgue y amenazan la cuenca del Jequetepeque. Sin embargo, en las postrimerías del milenio el valor estratégico de la actividad cotizó en alza. La flexibilización de leyes ambientales, facilidades impositivas, fragilidad del campo popular producto de los desaciertos de las  organizaciones armadas y más de una década de terrorismo de Estado, constituyeron terreno fértil para la expansión de la minería a cielo abierto en manos de capitales transnacionales.

En la actualidad más del 42% del territorio regional se encuentra concesionado a mineras. Las movilizaciones contra la explotación del cerro Quilish (de donde proviene el 80 por ciento del agua que consume Cajamarca) durante el 2002 y la resistencia de Bambamarca  a la  instalación de la mina Tantahuatay en 2007, forman parte de una larga lista de experiencias de organización popular que combatieron el saqueo y contaminación de los bienes comunes cajamarquinos. Entonces, el clamor popular contra el proyecto Conga es la expresión de un denso proceso de concientización, de acumulación política.

Yanacocha S.A.

Tiene como principales accionistas a  Newmont Mining Corporation y al grupo Buenaventura. El primero radica en Denver (EE.UU.), posee minas en Australia, Indonesia, Ghana y Nueva Zelandia. El segundo forma parte del empresariado nacional forjado al calor de 30 años de neoliberalismo. Su mentor es Jorge Buenaventura, quien entre sus laureles más preciados cuenta con la distinción de haber tocado en dos oportunidades la campana  de la Bolsa de Valores de Nueva York. Diversificó sus inversiones en ramas ligadas a la minería, desarrolla emprendimientos en el sur, centro y norte del país e incursiona en el escenario político a través de la ONG Reflexión Democrática.

Ambos usufructúan en Cajamarca tres emprendimientos mineros a cielo abierto. Yanacocha, una de las minas de oro más grande del mundo, desde principios de los noventa. Este emprendimiento incluyó la desaparición de la laguna homónima. Durante el 2010 explotó 1,5 millones de onzas de oro. Según especialistas, entre 2004 y 2010, sólo Buenaventura facturó 235 millones de ganancia neta, por lo que aportó al Estado un exiguo 0,29 por ciento.

La convivencia del pueblo cajamarquino con Yanacocha no ha sido fácil. En 1993 la empresa fue denunciada por usurpación de tierras campesinas. Después de un breve litigio, reconoció el delito e indemnizó a los afectados. En junio de 2000 un camión cisterna volcó en cercanías de Choropampa. El mercurio que trasportaba se esparció Jequetepeque abajo. Un rumor se expandió entre choropampinos: lo que brilla en el río es oro.

Decenas de pobladores recogieron mercurio de las aguas guardándolo celosamente en sus casas. Hoy engrosan la lista de muertos y enfermos crónicos que causó el derrame. En 2006 sicarios vinculados a la empresa asesinaron al dirigente Edmundo Becerra. Ya en 2012 está sindicada como la principal financista de Salvemos Cajamarca: un espacio que defiende la instalación del proyecto Conga y reúne a ex alcaldes, ex congresistas y la Cámara de Comerciantes Cajamarquinos.

El pueblo cajamarquino

El Comando Unitario de Lucha de Cajamarca (CULC) constituye el saldo organizativo de la lucha contra la minería saqueadora y contaminante en la región. En él confluyen los Frentes de Defensas Provinciales, las rondas campesinas, delegaciones del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), organizaciones y activistas de áreas urbanas. En este mosaico, las rondas y el Sutep son quienes aportan mayor porcentaje de pueblo organizado.

Las primeras nuclean aproximadamente a 400.000 campesinos del departamento. Algo más del treinta por ciento de la población. Los segundos constituyen un gremio presente en todos los distritos cajamarquinos, expresión de sindicalismo clasista a nivel nacional y un actor preponderante en la articulación campo-ciudad. Complementan al CULC, organizaciones y ONG ambientalistas, líderes sociales, fracciones de la iglesia.