“Nadie quiso enfrentar la reforma del transporte. Nosotros estamos haciéndolo”, repite la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, cada vez que le toca defender la serie de acciones con las que su administración busca devolverle el orden al caos vehicular en la capital peruana.

Esa, sin embargo, no es una tarea fácil. Entre Lima y Callao se reparten, a diario, la circulación de unas 36 mil unidades de transporte público, las mismas que, de acuerdo a cálculos de la ONG Luz Ámbar, anualmente representan unos 7 mil millones de soles en pérdidas económicas debido al caos vehicular que forman.

Pero detrás de ese gran nudo reposa un tema profundo al que la reforma liderada por Villarán busca enfrentar: en Lima, cerca del 95% de empresas de transporte urbano son solo afiliadoras y comisionistas, es decir, acogen a los dueños de las combis, custers y autobuses, sin requisito previo ni evaluación, y los ponen a circular en las calles de la ciudad. “Lo que busca esta reforma es que los dueños de los vehículos sean accionistas o socios en consorcios de transporte”, señala Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, encargada de medir la percepción sobre estos cambios.

La idea original es que alrededor de unas 4 mil unidades pequeñas dejen de circular en los próximos meses y sean reemplazadas por unidades de aproximadamente 9 a 24 metros de largo que puedan brindar el servicio de transporte con mayor capacidad y orden. Estas unidades estarían agrupadas en 53 consorcios, los mismos que tendrían la capacidad de competir por la adjudicación de los 5 corredores viales que, se planea, atravesarán Lima aligerando la carga de transporte público y ordenando a la gente en sus desplazamientos. De llegar a concretarse el 100% de la reforma, unos 16.500 buses reemplazarían a las unidades de transporte actual.

El Corredor Azul, el primero de los 5 en proyección, está en la primera etapa de su funcionamiento. Inaugurado a inicios de septiembre, este circuito vial atraviesa de norte a sur toda la Avenida Arequipa, una de las arterias más congestionadas de la Lima Metropolitana, y en la que a diario se movilizan alrededor de 250 mil pasajeros.

Las voces a favor y en contra que ha recibido la puesta en marcha de esta primera vía de conexión han sido multitudinarias. Por un lado, los transportistas que se resisten a los cambios, han acusado a la alcaldesa Villarán de atentar contra la libertad de trabajo, obligándolos, según dicen, a retirar de circulación sus vehículos sin que le importe lo que pasa con ellos.

Por otro lado, las voces a favor han apuntado que este tipo de cambios merece medidas de dimensiones profundas, como las que se vienen cumpliendo. Ese criterio es compartido, según la encuesta de Gfk, por 87% de limeños, que ven como necesaria la reforma y a la que apoyan de forma decidida.

Superadas las primeras semanas de confusión, en que largas colas de usuarios esperaban la llegada de las nuevas unidades, y a casi un mes de puesto en marcha el Corredor Azul, los resultados parecen estar poniéndose por delante en cualquier discusión.  Sin embargo, y debido a la cercanía de las elecciones locales, en las que Villarán ha apostado por una reelección, esta medida ha sido tomada por sus contrincantes como un argumento a favor de su desprestigio. “60% de la reforma estará listo para cuando termine mi mandato en el 2014, será irreversible, no podrán regresar el caos ni la informalidad”, ha respondido Villarán frente a la serie de ofertas de los otros candidatos que han prometido revisar y hasta eliminar la reforma del transporte en marcha.

Entre 2 mil y 5 mil empleados de las cooperativas de transporte serán desplazados una vez cumplida la totalidad de la reforma. Pero, a diferencia de lo que proponen los dirigentes, de acuerdo a la Municipalidad de Lima, ellos no serán olvidados, pues pasarán a formar parte de planes y programas de capacitación que los ayudarán a enrolarse en espacios como el turismo, la gastronomía o la mecánica, territorios de mucha dinámica en el Perú.

“De cumplirse la reforma se habrán tocado temas de profundidad en la sociedad peruana, por ejemplo aquel que apunta al cumplimiento reglamentario de las horas de trabajo para un conductor”, señala Quispe Candia. Entre 12 y 16 horas diarias es lo que contempla, actualmente, la jornada laboral de un transportista en Lima para obtener, a fin de mes, cerca de 1.500 soles (unos $ 530). Lo que busca la reforma es que, a diario, un conductor no esté más de 10 horas frente al volante, y que tenga, entre el fin y el inicio de su ruta, al menos una hora de descanso. Con esto se busca eliminar la competencia por pasajeros, y la serie de accidentes derivados de las mismas.

Las convocatorias a paro general de transportistas han superado la decena en este último mes. Esa, de acuerdo a la alcaldesa Villarán, es la mejor señal de que las cosas marchan bien.