Madrid.-

La Comisión Europea (CE) dio luz verde ayer a los drásticos planes de restructuración para los cuatro bancos españoles nacionalizados, BFA-Bankia, Nova Caixa Galicia Banco, Catalunya Caixa y Banco de Valencia, que implican una reducción de su tamaño en más del 60% a cambio de una ayuda pública de 37.000 millones de euros.

El comisario responsable de Competencia, Joaquín Almunia, anunció los duros ajustes que tendrán que asumir estas entidades financieras, que en parte van a recaer también en los pequeños ahorradores que se vieron estafados con las participaciones preferentes.

Almunia indicó que habrá “fuertes pérdidas” para los ahorradores o tenedores de participaciones preferentes y otros títulos de deuda subordinada de las entidades nacionalizadas. La metodología para ello consistirá en calcular el valor actual de esos títulos, aplicar una quita parcial (pago de la deuda) y a partir de ahí un canje de acciones o títulos equivalentes de las entidades afectadas. Están por ver las cifras definitivas, pero el sector maneja quitas  que van del 45% al 60%.

La aportación de los inversores, que en el caso de las preferentes incluye a un gran número de ahorradores y particulares, reducirá la ayuda estatal en alrededor de 10.000 millones de euros, según los cálculos de la CE.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), Manuel Pardos, afirmó ayer que el plan de rescate bancario de la CE “constituye una ilegalidad manifiesta que trata de resolver el problema de un fraude reconocido por todo el mundo cargando el coste en cientos de miles de familias ahorradoras engañadas” y cifró en 3.000 millones de euros las pérdidas de las “víctimas” de las preferentes.

La CE aprobó el plan de restructuración que permite desbloquear los 37.000 millones de euros del rescate que llegarán a los bancos nacionalizados. BFA- Bankia recibirá 17.960 millones; Catalunya Caixa, 9.080 millones; Novagalicia Banco, 5.425 millones; y Banco de Valencia, 4.500 millones. A cambio la Comisión exige a estas entidades reducir su balance un 60% en cinco años para poder recibir el rescate.

Esta disminución supone el cierre de la mitad de las oficinas de las entidades, lo que conllevará un amplio número de despidos que Almunia no ha querido cuantificar, volviendo a recordar que la responsabilidad sobre esto reside en quien debe acometer el plan. Concretamente, Bankia anunció que va a despedir a 6.000 personas y que además cerrará 1.100 oficinas. En 2011, el sector bancario despidió a 14.000 empleados y se cerraron 2.905 sucursales.