La reciente suspensión por 90 días del juez trigésimo segundo de Garantías Penales del Guayas, con sede en Durán,  Ricardo La Mota Pimentel, se suma a los más de 800 sumarios administrativos que ha iniciado el Consejo de la Judicatura  durante su período de  transición en el país, siendo la gran mayoría de estos generados, precisamente, en el distrito de Guayas, que registra  alta carga procesal.

Fernando Yávar, vocal del Consejo de la Judicatura, confirmó que la entidad abrió, de oficio, el expediente contra el servidor judicial, puesto que el pleno consideró intolerable que haya dictado medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva contra el procesado Édison Rivera Quila, cuando  fue detenido en delito flagrante junto con una gran cantidad de armas de fuego.

El funcionario explicó que según el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, en un delito como este (tenencia ilegal de armas), que es sancionado con pena de reclusión y que ha generado gran alarma social, no procede la sustitución de la prisión preventiva, puesto que solo procedería ante los delitos de prisión.

La Mota no registra antecedentes de sanción, sin embargo, Yávar señaló que “es intolerable que actos como estos se sucedan; y en el futuro esperamos que no vuelvan a ocurrir estos casos que afectan a la seguridad ciudadana, especialmente habiéndose encontrado un arsenal de armas en delito flagrante”.

Informó, además, que desde el 2011 hasta la presente fecha suman 100 los servidores judiciales que a nivel nacional han recibido sanciones que van desde la suspensión sin derecho a remuneración hasta la destitución del cargo.