La muerte del japonés Hitomi Tet Suo, ocurrida el 28 de diciembre del 2013, en Guayaquil, continúa en indagación previa por lo que aún no se pueden revelar más detalles del hecho en el que además resultó herida su esposa Shatumy Maryko. Así lo mencionó el fiscal de lo Penal, César Peña, encargado del caso.

El funcionario mencionó que para las 19:00 de este lunes se tenía previsto que el personal de la Fiscalía y de la Policía Judicial (PJ-G) acudieran al hotel Sheraton, en el norte de la urbe, para realizar la diligencia de reconocimiento del lugar y sus alrededores para analizar documentos, fotografías, videos o demás información que permita dar con el paradero de los responsables.

En ese lugar los extranjeros cenaron y al salir rechazaron un taxi del mismo establecimiento, para contratar uno desconocido. Después de poco menos de una hora aparecieron abandonados en las calles San Martín y Tungurahua, sur de Guayaquil. En ese sitio el fiscal Peña hizo el reconocimiento el pasado 2 de enero.

Según informó el ministro del Interior, José Serrano, y reiteró en el último enlace sabatino el presidente de la República, Rafael Correa, habría sido una banda de aproximadamente 8 individuos la que participó en el delito. Presidente y Ministro instaron a que los que fueron cómplices se entreguen.

Se conoció que los individuos habrían operado en un vehículo color amarillo, para pasar como un taxi legal, que no poseía placas.

Desde el fin de semana, representantes de medios de comunicación de Japón llegaron a Guayaquil para elaborar reportajes respecto a lo sucedido. Estuvieron en las calles San Martín y Tungurahua, donde conversaron con algunos testigos.

Luego se reunieron con el ministro Serrano, quien, según un comunicado de prensa, les proporcionó detalles de la investigación. El documento indica: “al momento se analizan las balas halladas en la escena del crimen, a través de la unidad de balística, para saber de qué arma salieron los disparos que asesinaron al ciudadano japonés”.

Esta mañana, los extranjeros acudieron al edificio del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana ECU-911, en el cantón Samborondón, donde conocieron el monitoreo permanente y la coordinación que existe entre las instituciones del Estado. De ahí tenían planeado acudir nuevamente a la Fiscalía.