Un análisis digital forense de los sistemas informáticos usados para la elaboración, impresión y almacenamiento de la orden de allanamiento y de detención de los “Diez de Luluncoto” determinó que no se realizaron en la computadora de la fiscal Diana Fernández, ni en la del juez Juan Pablo Hernández, quien emitió los documentos.

El abogado de la defensa, Ciro Guzmán, indicó que aquello invalidaría el proceso, pues los documentos no pueden ser elaborados fuera de las instituciones destinadas para hacerlo.

Según la documentación, los informes que los agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO)  enviaron a la fiscal, y ella a su vez al juez, fueron elaborados el pasado 3 de marzo, día de la detención, lo que evidenciaría que no hubo una investigación previa como han afirmado reiteradamente las autoridades correspondientes.