La aprobación de un nuevo Código Penal en Afganistán ha provocado una fuerte reacción de rechazo a nivel internacional. La normativa, impulsada bajo el liderazgo del líder supremo Hibatullah Akhundzada, incluye disposiciones que permiten la violencia contra mujeres y niños con sanciones mínimas, lo que ha sido calificado por defensores de derechos humanos como un grave retroceso legal y social.

Uno de los artículos más cuestionados es el 32, que contempla penas leves para la violencia doméstica. Según el texto, si un esposo golpea a su esposa y le causa fracturas, lesiones o moretones visibles, la sanción será de apenas 15 días de prisión, siempre que la víctima logre probar los hechos ante un juez. Analistas citados por Canal 26 señalan que esta disposición “legaliza de facto la violencia contra las mujeres”, al minimizar las consecuencias legales de agresiones graves.

La indignación aumentó al compararse esta norma con otros artículos del mismo código. El Artículo 70 establece hasta cinco meses de cárcel para quienes hagan pelear animales, lo que evidencia una marcada desproporción en la severidad de las sanciones. Para expertos, esta diferencia refleja la escasa protección jurídica que el sistema legal afgano ofrece a las mujeres frente a la violencia.

Además, el nuevo marco penal introduce una estructura social jerárquica que profundiza la desigualdad. La sociedad queda dividida en clérigos, élite, clase media y clase baja, y la gravedad de los delitos pasa a depender de la posición social del acusado, contradiciendo principios básicos de igualdad ante la ley.

Organizaciones internacionales advierten que estas disposiciones consolidan un sistema legal que normaliza la discriminación y la violencia, especialmente contra las mujeres, y representan un serio retroceso en materia de derechos humanos en Afganistán.

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