Tres horas después de iniciada la audienca de formulación de cargos, Jaime Vayas, juez de la Unidad de Justicia de Carcelén, imputó y dispuso medidas cautelares en contra de 4 policías en servicio pasivo y un oficial en servicio activo.

Con la presencia del fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga Zambrano, empezó la audiencia en la cual la fiscal Paola Gallardo pidió la prisión preventiva contra 4 exuniformados y medidas cautelares contra un oficial por el presunto delito de ejecución extrajudicial en la persona de Amada Suárez, madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa (a) ‘Niño del terror’.

El hecho se cometió durante un operativo de captura efectuado el 9 de enero de 1992. Juan Fernando Hermosa era buscado por los crímenes de taxistas ocurridos entre noviembre de 1991 y enero de 1992.

Tras la deliberación, el juez Vayas no acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso procesar por el presunto delito de ejecución extrajudicial a Juan Carlos R., general en servicio pasivo y exdirector nacional de Tránsito; Nelson A., Segundo M. y Jorge A., policías en servicio pasivo; y al coronel Soni S., oficial en servicio activo, y director de Seguridad del Ministerio de Justicia. Ellos no podrán salir del país ni enajenar sus bienes, así como deberán presentarse semanalmente al juzgado, y tienen prohibido acercarse al testigo protegido de los hechos.

La instrucción fiscal durará 90 días para que continúen las indagaciones en este caso y adjunte pruebas que demuestren la culpabilidad de los agentes policiales procesados.

Informe de operativo

En enero de 1992, en horas de la madrugada, un grupo de policías camuflados allanó abruptamente la vivienda donde se encontraba Hermosa y su madre Amada Suárez, quien sufría de artritis y sordera.

En esta incursión hubo intercambio de balas entre Hermosa y los policías, quienes dispararon contra la mujer que estaba en su cama. Además, lograron capturar al pandillero Hermosa, según versión policial.

Posteriormente a su detención, el “Niño del terror” confesó que era el autor de por lo menos 22 asesinatos a taxistas, a homosexuales y camioneros.

En tanto, el informe de la autopsia practicada al cuerpo de Suárez indicó que recibió 20 proyectiles durante el incidente, de los cuales 9 ocasionaron orificios de salida y los 11 restantes fueron extraídos de su organismo. Este documento lo mostró como evidencia la fiscal.

La causa Suárez es el séptimo caso judicializado relacionado con graves violaciones de los derechos humanos y forma parte de las 136 indagaciones de la Dirección de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía. (I)