La pareja conformada por David S., de 28 años, y Jessy Carolina T., de 19, fue llamada a juicio por el secuestro con resultado de muerte de una niña de 5 meses.

Mariana López Salinas, fiscal especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti 9) de Pichincha, presentó ante la jueza Yadira Proaño, su dictamen acusatorio en el que anunció elementos como el levantamiento del cadáver, la autopsia médico legal, la versión de la madre de la niña, también las versiones de los procesados recogidas durante la reconstrucción de los hechos, que son contradictorias en cuanto a lo ocurrido aquel día.

Este caso estuvo en instrucción fiscal desde el 14 de marzo de 2018. La Fiscalía procesó a las dos personas que estuvieron a cargo de la niña reportada como secuestrada por su progenitora, el 23 de febrero de 2018, día en que el presunto padre se llevó a la bebé.

La muerte sucedida bajo la custodia de la pareja, habría ocurrido 8 días antes de que la Fiscalía y la Policía los localizara, tras las investigaciones realizadas en atención a la denuncia del secuestro. La pareja, que permanece con prisión preventiva, dirigió a las autoridades el 13 de marzo de 2018 hasta la zanja (en Carcelén- norte de Quito) donde dejaron el cadáver.

Durante la diligencia de reconstrucción de los hechos, realizada unas semanas después, las versiones de David S. y Carolina T. respecto al deceso de la víctima fueron contradictorias: David relató que él salió al trabajo y que dejó a la niña con Jessy, pero que a la madrugada ella le marcó al celular para decirle que la niña había muerto; sin embargo, en las investigaciones se concluye que Jessy no llamó al teléfono de David.

Mientras que la procesada manifestó que en un hostal, al norte de Quito, David botó a la niña al suelo porque lloraba, luego la acostó y al día siguiente ya estaba muerta. Así también, tras pruebas de ADN realizadas a David se determinó que no es el progenitor. En tanto la pareja se encuentra a la espera de fecha para su juzgamiento.

Este caso se investiga con base en los artículos 161, en concordancia con el 162, último inciso del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que determina una pena privativa de libertad de 22 a 26 años para quien secuestre a una persona y como producto de este delito la víctima pierda la vida. (I)