Frank Valverde, juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, negó el recurso de revisión a la orden de prisión preventiva que fue solicitada por los propietarios de la Clínica de Rehabilitación Unión y Esperanza, ubicada en Pusiquí (norte de Quito).

Los procesados son los esposos Carlos Alberto L. N. y Blanca Maruja F., propietarios de la Clínica y Héctor Armando M. N., funcionario de dicho centro, que se encuentra clausurado.

Edison Almeida, abogado de los tres procesados, aseguró que sus defendidos se encuentran detenidos ilegalmente puesto que no se ha demostrado el delito por el que se les acusa. Explicó que entre los cargos que se les imputa es que ellos administraban una Clínica de Recuperación que, presuntamente, funcionaba de forma clandestina. No obstante, reiteró que el servicio que ofrecen es de un centro de ayuda.

La fiscal Tania Moreno alegó ante el juez que no cabe el recurso de revisión puesto los hechos no han variado y no se presentaron argumentos para demostrar que los procesados se presentarán al juicio.

Las tres personas son investigadas por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Así se pudo comprobar luego de un operativo efectuado el pasado 7 de noviembre cuando se encontraron a 17 jóvenes quienes aparentemente permanecían encerrados contra su voluntad, entre ellos, un menor de edad. En el operativo fueron detenidas siete individuos.