Una revisión interna del sistema informático AXIS de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) detectó, de forma preliminar, vulneraciones estructurales, accesos indebidos y posibles manipulaciones de registros, entre ellas la emisión de cerca de 3.000 licencias profesionales en 2025 “sin sustento” y anomalías en municipios con cifras “desproporcionadas” de transferencias y matriculaciones frente a la tasa de motorización de sus cantones. Así lo expuso el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Luque afirmó que el sistema de tránsito “no puede ser terreno para la corrupción ni para la infiltración del crimen organizado” y aseguró que, desde el inicio de su gestión, aplicó una política de “cero tolerancia” que incluye auditorías, suspensión de accesos, denuncias y reestructuración institucional.

El ministro organizó su informe en tres ejes: acciones frente a entidades municipales con competencia de tránsito; medidas ante presuntas emisiones ilegales de matrículas vinculadas al llamado caso “Jaque”; y decisiones estructurales desde el Ministerio. Dentro del primer bloque, mencionó intervenciones en Manta y Durán por indicios de irregularidades administrativas y posibles vínculos con estructuras criminales.

Sobre el “caso Jaque”, la investigación se abrió tras denuncias de una presunta estructura de corrupción en la ANT relacionada con trámites como licencias, matriculación y otros documentos, y que un operativo dejó procesados y allanamientos en varias ciudades a finales de enero.

Luque informó que existe una investigación abierta sobre al menos 50 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) con competencia en tránsito y que se entregó información técnica para apoyar las indagaciones. Además, señaló coordinación con la CNT para una auditoría de seguridad de bases de datos; el pedido de un examen especial a la Contraloría; y articulación con Fiscalía y Policía, además de requerimientos de análisis a la UAFE respecto de personas vinculadas a la ANT.

“No estamos enfrentando simples irregularidades administrativas; estamos enfrentando intentos de captura institucional por parte de estructuras criminales”, concluyó el ministro ante los legisladores, mientras la Comisión mantiene abiertas las indagaciones sobre presuntas matrículas irregulares y el funcionamiento del modelo de gestión del tránsito en manos de municipios.

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