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Remesas de migrantes podrían pagar impuestos según propuesta de legisladores republicanos
Un grupo de legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha presentado una propuesta para imponer un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde el país hacia el extranjero. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del expresidente Donald Trump, forma parte de un paquete legislativo enfocado en reforzar las políticas migratorias y de seguridad en la frontera.
Según información difundida por AP News, el nuevo impuesto afectaría a todas las personas que no sean ciudadanos estadounidenses, incluyendo a quienes tienen visas temporales de trabajo, residentes permanentes legales y personas sin estatus migratorio regular. Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos de esta medida, que ha generado preocupación entre las comunidades migrantes.
El 25 de abril, el propio Donald Trump anunció a través de su red Truth Social que está elaborando un memorando presidencial para prohibir el envío de remesas por parte de personas no autorizadas a permanecer en el país. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni el Departamento del Tesoro han ofrecido detalles sobre el contenido o la viabilidad de dicho documento.
De aprobarse, la medida impactaría directamente a millones de migrantes que envían dinero a sus familias desde Estados Unidos. Entre los grupos más afectados estarían los titulares de visas H-1B, H-2A y H-2B, así como portadores de green cards. El proyecto no discrimina por país de destino, por lo que el gravamen aplicaría sin distinción geográfica.
Hasta ahora, no se ha especificado cómo se aplicaría el cobro del impuesto, ni qué entidad gubernamental sería responsable de su recaudación y control. Esta falta de claridad ha generado dudas sobre su implementación efectiva y ha despertado críticas por su posible impacto social y económico.
Según datos del Banco Mundial, en 2023 las remesas enviadas globalmente desde Estados Unidos alcanzaron los USD 656.000 millones. De ese total, México recibió más de USD 63.300 millones, un 7,6% más que el año anterior, lo que resalta la magnitud del impacto que una medida de este tipo podría tener en las economías de América Latina.
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