En una nueva medida destinada a reforzar el control migratorio, el gobierno del presidente Donald Trump implementará un programa piloto que exigirá a ciertos visitantes extranjeros el pago de hasta USD 15.000 para ingresar a Estados Unidos.

Esta política busca evitar que los turistas o viajeros de negocios excedan el tiempo de permanencia permitido por sus visados, lo que ha sido catalogado como "una clara amenaza para la seguridad nacional".

El programa, anunciado por el Departamento de Estado, afectará a ciudadanos provenientes de países con altos índices de estancias prolongadas, conocidas como "overstays". Los montos exigidos oscilarán entre USD 5.000 y 15.000. Estos serán reembolsados solo si el visitante abandona el país dentro del plazo establecido. Aquellos que permanezcan más tiempo del autorizado perderán automáticamente la fianza.

El comunicado no especificó los países afectados y  señaló que serán seleccionados a partir de datos del Departamento de Seguridad Nacional. Esta iniciativa se suma a otras acciones emprendidas por la administración Trump para restringir la migración ilegal, una de las banderas principales de su campaña de reelección de cara a las elecciones de 2024.

El aviso, que será publicado oficialmente en el Registro Federal, describe esta medida como parte fundamental de la política exterior estadounidense y una respuesta directa a las debilidades del sistema de control migratorio. Según cifras oficiales de 2023, más de 500.000 personas ingresaron por puertos aéreos o marítimos y permanecieron más allá del periodo permitido.

El plan piloto tendrá una duración de 12 meses y se aplicará también a personas provenientes de países con sistemas deficientes de evaluación e investigación migratoria, así como a solicitantes de ciudadanía mediante inversión o sin requisitos de residencia. Además, los viajeros sujetos a esta fianza deberán ingresar y salir del país por aeropuertos previamente designados.

La decisión sobre el monto exacto de la fianza quedará en manos de los funcionarios consulares, quienes ya contaban con esta facultad, aunque rara vez se utilizaba, según documentos oficiales. El Departamento de Estado reconoció que en el pasado se consideraba esta medida “poco práctica”, pero ahora busca probar su viabilidad como herramienta de control migratorio más estricto. 

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