“Son acciones de tipo político para entorpecer la aplicación de la Ley”

Desde el sexto piso de un edificio que les facilitó   la Defensoría del Pueblo, mientras se aprueba el Reglamento de la Ley de Comunicación y acceden a un presupuesto propio,  el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom) ya vigila el cumplimiento de la norma   que rige a los medios desde    junio pasado. 

¿Cómo interpreta la   demanda de inconstitucionalidad  que un colectivo presentó en contra de la Ley de Comunicación? 

...Es interesante ubicar los nombres de los demandantes que suscriben ese alegato colectivo, en el que  salvo 8 ó 9 personas    realmente se desempeñan como académicos o artistas; el resto corresponden a cuatro grupos que se han opuesto a la Ley de Comunicación, incluso, antes de que entre en vigencia. Cuestionaron la necesidad   de la Ley y, luego de que fue aprobada por la Asamblea el 25 de junio pasado, también han cuestionado la conformación del Consejo de Regulación y la idoneidad de quienes lo integramos. 

¿Qué opinión le merece que, entre los demandantes, estén editorialistas de medios privados y   vinculados al periódico del presidente de la SIP?

Son fundamentalmente 12 editorialistas de un matutino quiteño, incluido el subdirector y el dueño de ese medio de comunicación. El dueño del diario  es a la vez presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y sabemos que ha sido uno de los principales cuestionadores de la Ley. Están además las dos figuras que más han destacado de Fundamedios: César Ricaurte como firmante y Mauricio Alarcón como abogado patrocinador de la demanda. También están  Diego Cornejo y Alfredo Negrete,  director  y exdirector Ejecutivo de la Aedep  que -por llamarlo de alguna manera-  es  la  filial de la SIP en Ecuador; está el dueño de otro medio   y varios periodistas que siempre han sido críticos con la Ley... La parte jurídica no es mi campo, pero puedo decir que existe una continuidad con una serie de acciones de carácter político   ligadas a entorpecer la aplicación de la Ley a través de dos vías: planteando que la ley violenta principios constitucionales y al deslegitimar a las instituciones que por ley tienen que crearse para poder  aplicarla. Eso se ha visto en el caso del Consejo de Regulación y Desarrollo y   es evidente, en mi caso, cuando mis palabras fueron descontextualizadas y, a partir de caricaturas, me hicieron decir cosas que jamás dije. Entonces, creo que también es necesario responder políticamente:  la Ley de Comunicación fue aprobada en la Constitución y en la Consulta Popular de 2011 se aprobó que haya un Consejo de Regulación, entonces hay total legalidad y   legitimidad.

¿Se trata de medios de comunicación disfrazados de ciudadanos?

No diría “disfrazados de ciudadanos”, pero a diferencia de Argentina, en donde la demanda de inconstitucionalidad  de la Ley de Servicios Audiovisuales fue planteada  por el Grupo Clarín y sus abogados,   en el Ecuador vemos a actores políticos en el campo de la comunicación que, a través de un alegato colectivo, dicen representar a la ciudadanía, pero me parece que más bien representan intereses particulares de quienes se sienten afectados en sus negocios… Según el marco legal ecuatoriano, la Corte Constitucional deberá admitir o no la demanda  y si no es objeto de admisión quedará simplemente como una postura de un grupo de ciudadanos que representan intereses y están alineados claramente con posturas identificables a partir de estos casi 4 años de permanente oposición a que exista una Ley de Comunicación en el Ecuador.

¿Quiene promueven esa demanda han aportado con   propuestas para la construcción del reglamento de la Ley de Comunicación o solo emiten  críticas expresadas en editoriales y caricaturas?  

Su posición ha sido muy clara a través de varias vías: inserciones directas en los medios de comunicación y con  la creación de  espacios para que algunos de los firmantes de ese alegato -que son periodistas con espacios radiales- inviten a otros firmantes de ese colectivo a   conversar entre sí, bajo la moderación de otros firmantes de la demanda. Desde ese punto de vista,  ha existido   la utilización de sus propios recursos para llevar ante la opinión pública únicamente esa postura. Yo no he sido invitado por los medios privados para debatir  este tema. Ya en el proceso de construcción del borrador del reglamento de la Ley,  el Consejo de Regulación ha recibido a una serie de actores de los medios,  publicidad, académicos, trabajadores de medios y  camarógrafos que funcionan como un colectivo, todos han manifestado ideas e inquietudes y   han sido recibidos, pero del grupo que aparecen firmando ese alegato, ninguno ha pedido ser recibido por el Consejo. En todo este tiempo tampoco he dejado de asistir a ponencias, foros y encuentros sobre la Ley de Comunicación y   he manifestado  la necesidad de una regulación externa  a un campo  que lamentablemente no ha podido funcionar con la sola autorregulación. Lo ideal sería que se autorregule el mundo periodístico a través de marcos deontológicos, guías editoriales  y trabajos éticos en su trabajo, pero eso no ha sido posible.
 Que los medios cuenten con un  Código Deontológico es parte de las disposiciones de la Ley.

¿Cuánto han aportado las universidades a aquello?  

Un docente de la Universidad Central me decía que estamos colocando en la Ley de Comunicación aquello que ellos deberían trabajar en el aula y, efectivamente, parecería que los procesos de formación se olvidan de abordar estos temas o lo abordan de mala manera.

 ¿Existe un divorcio entre los medios y la academia?

Definitivamente y es una queja permanente en los últimos años. Se habla que a ratos  se idealiza mucho la profesión del periodista y no lo enfrentan a la realidad de los medios, llenos de presiones de todo tipo: la premura de una cobertura, los riesgos que tienen que correr, inclusive a nivel personal, así como presiones indebidas que provienen, a veces, de su cadena jerárquica o de poderes externos a la institución. La empresa auspiciante, por ejemplo, a veces presiona al medio y éste al periodista para que se omita el tratamiento de determinados temas y hay que enseñarles que ese es el mundo real del periodismo.  

La Ley también ha generado las condiciones para que la gente discuta sobre el rol de los medios y, en ese escenario, se ha dicho que su responsabilidad es  propiciar la participación. ¿Es así?

Normalmente  se ha ligado a los medios con la construcción  de opinión pública y, efectivamente, tienen mucha incidencia en lo que se llama “consenso” sobre determinados temas. Eso se relaciona con que haya ciertos temas  considerados de “relevancia e interés público” y que son abordados en  las agendas mediáticas, frente a otros problemas que afectan a mucha gente en sus derechos básicos pero que se ven distorsionados, mal tratados y omitidos por los medios. Por eso me parece importante no darle a los medios responsabilidades que no tienen. Su función debe ser coadyuvar en  la construcción de procesos democráticos y vinculados con el debate e intercambio libre de ideas.

Como parte de esa participación, la semana pasada un grupo de mujeres pidió al Consejo de Regulación que intervenga  frente a la  información sexista que -a su criterio- difunden ciertos medios.  ¿Qué medidas tomarán?       

Hemos hecho un seguimiento a este tipo de sensibilidades que aparecen en la sociedad respecto de algunos aspectos deficitarios de los medios de comunicación. Estamos atentos a la denuncia contra portadas sexistas -yo diría incluso homofóbicas algunas- especialmente en un medio que se jacta de ser el que mayor tiraje tiene. El Consejo ha analizado el tema y ha emitido un exhorto, pero debo comentar que mientras no esté vigente el reglamento de la Ley de Comunicación hemos decidido hacer una serie de petitorios, hechos de la mejor manera, para que los medios se adscriban y mejoren  sus prácticas. Vamos a emitir un  exhorto abordando este tema, sobre cómo algunos medios de comunicación están violentando los  derechos de ciertos grupos haciendo   periodismo desde el sensacionalismo con portadas que no coadyuvan a una mejor convivencia, sino todo lo contrario, excluyen, discriminan y agreden a determinados grupos sociales.

Si el Consejo de Regulación determina que ese caso merece una sanción, ¿cuál sería?

Debo aclarar que la Ley de Comunicación no permite en ningún caso el cierre de un medio de comunicación ni la censura previa en ningún caso... Lo que anhelamos es que con el tiempo y el funcionamiento pleno de toda la institucionalidad de la Ley de Comunicación sean los ciudadanos,  colectivos  y organizaciones sociales los que, cuando sientan lacerados sus derechos en algún medio, primero dirijan una queja al propio medio   y ojalá  estos vayan entendiendo. Creo que algunos ya lo hacen y por eso vemos la cantidad de rectificaciones, porque algunos lo hacen por decisión propia cuando hay pedidos de rectificación o aclaración de un ciudadano. Lo ideal sería que una queja ni siquiera pase por este Consejo ni por la aplicación de sanciones de la Superintendencia (de la  Información) que podrían ser: un llamado de atención al medio,  pedirle que emita disculpas públicas o una multa y hasta ahí llegan las sanciones. No hay cierre de medios, ni clausura temporal o definitiva; tampoco hay prisión  para ningún periodista  por pésimo que sea el  trabajo que haga, ni siquiera en el caso de que malintencionadamente tergiverse la verdad y con ello afecte a alguien.