La dirigencia de Sarayaku (Pastaza) anunció que enviará un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre supuestos incumplimientos por parte del Estado a la sentencia dictada por el organismo internacional.

El dictamen de la entidad, emitido hace un año, ordena resarcir a la comunidad amazónica por actividades petroleras realizadas en su territorio.

Esto a pesar del reconocimiento de que gran parte de lo establecido en la sentencia ha sido cumplido por el Estado ecuatoriano, entre ello, el pago de 1,3 millones de dólares como indemnización.

Entre los incumplimientos de los que hablan los pobladores está la disculpa pública que debe efectuar un representante estatal y  los vecinos de Sarayaku insisten en que sea el Presidente de la República. “Quieren imponernos al decir que por encargo del Primer Mandatario la disculpa pública la va a decir el Ministro de Justicia. La Corte expresa que todos los puntos deben ser acordados. No aceptamos que sea otra autoridad”, afirmó al respecto la dirigente Patricia Gualinga.