La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social aprobó un proyecto de resolución, mediante el cual pide al Presidente de la República derogar el Decreto 813 y solicita a la Corte Constitucional  que cese los efectos de dicha norma, mientras que al Ministerio de Relaciones Laborales pide el reintegro de los servidores públicos afectados por la compra de renuncias obligatorias.

El viceministro de Relaciones Laborales, Juan Fernando Salazar, quien acudió ayer al sector legislativo, precisó que la separación de empleados está amparada en el artículo 47, literal K, de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), elaborado por la Comisión y aprobada por el pleno, en base a la cual se emitió el Decreto Ejecutivo 813.

En el encuentro al que también asistieron representantes de los trabajadores públicos, quienes cuestionaron la decisión del Gobierno, el viceministro reconoció que han sido presentadas cinco demandas de inconstitucionalidad en contra del decreto, pero, aclaró,  “en ningún momento en la aceptación a trámite por parte de la Corte Constitucional ha sido ordenada la suspensión de este decreto”, lo que significa que está en vigencia.

Mientras que realizaba la exposición, la mayoría de asambleístas integrantes de la comisión provocó incidentes, por lo que el funcionario tuvo que retirarse.

Línder Altafuya, asambleísta del MPD, dijo que el decreto es inconstitucional porque,  según el artículo 425   de la Constitución, las leyes orgánicas  están por encima de decretos y reglamentos. Mientras tanto, Enrique Herrería  alegó que la compra de renuncias  es nula porque no respeta el debido proceso.