El presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, señaló que la demanda de inconstitucionalidad, presentada por varios sectores sociales, sobre el Decreto 813, será la primera que despache la nueva Corte en 2013.

Esta normativa ejecutiva estipula la renuncia obligatoria con indemnización. Con ello, se dispuso la desvinculación de unos 3.000 servidores públicos.

El Decreto 813 fue analizado por el juez Roberto Bhrunis, quien estaba en la anterior Corte y realizó una audiencia en la que estuvo Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, quien defendió el decreto y dijo que la Constitución le otorga a la Ley de Servicio Público la potestad de definir el organismo rector en recursos humanos que regulará el ingreso, ascenso y cesación de funciones de los servidores públicos.    

Además de este caso, Pazmiño dijo que hay dos temas -que en sí mismo- resumen más de 600 procesos. El primero tiene que ver con la inconstitucionalidad de la ley de fomento ambiental, que tiene como 400 casos, el otro, en cambio, responde a una consulta de normas sobre las pensiones alimenticias, que tiene 260 casos en su interior.

Wendy Molina, vicepresidenta de la Corte, enfatizó que en la fase final -que es la de admisión- reposan 900 casos aproximadamente. Mientras que, el presidente de la Corte enfatizó que al interior del órgano se formaron ya las comisiones y se resortearon las causas de admisión que se analizarán la primera semana de enero.