El 65,84% de las instituciones públicas y de derecho privado que manejan fondos del Estado entregó a la Defensoría del Pueblo sus informes anuales de transparencia y acceso a la información hasta el 30 de marzo.

De las 2.500 instituciones registradas por la Defensoría, 1.646 cumplieron con lo que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) hasta el 30 de marzo. El resto ingresará a un grupo de rezagados.

La Defensoría del Pueblo, al ser el ente  encargado de dar cumplimiento a la norma, analizará -en los próximos días- los informes presentados por las entidades, con el fin de conocer cuántas solicitudes de información realizadas por la ciudadanía fueron atendidas.

Acceder a la información pública es un derecho ciudadano previsto en la Constitución y la ley. Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, a través de varios medios de comunicación, manifestó que la información pública no solo pertenece a los ciudadanos, sino que es un derecho de todos.

El funcionario indicó que las dependencias deben transparentar no solo su estructura administrativa, sino también financiera.

Leonardo Ordóñez, coordinador nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría, señaló que es preciso salir de la cultura del secreto para que la ciudadanía opine sobre lo público y haga propuestas.

Si bien la Lotaip está vigente desde 2004, pocas instituciones cumplen los requerimientos ciudadanos. Una es la Asamblea Nacional, la misma que en su página web destaca información actualizada sobre las actividades que realiza esta función del Estado, así lo dio a conocer su presidente, Fernando Cordero.

Hace tres años la Defensoría solicitó información al Ministerio de Relaciones Laborales sobre el número exacto de instituciones públicas que hay en el país. Luego de hacer una depuración para evitar que la información que se registra en los portales o en las páginas web se duplique, el número se redujo a la mitad.

Ordóñez comentó que de las 2.500 instituciones avaladas por la Defensoría, 216 son de ámbito nacional, como IESS,  SRI y los ministerios coordinadores.

El funcionario manifestó que las provincias de Azuay, Guayas, Pichincha y Chimborazo brindan mayor acceso a la información a diferencia de Manabí, Los Ríos y Orellana.

Un reporte de transparencia elaborado por el Grupo Faro, organización de la sociedad civil, reconoció al SRI y al Ministerio del Ambiente por el acceso y transparencia de la información. Andrea Ordóñez, directora de Investigación, explicó que el SRI alcanzó un 90% por su contenido.