El estado de excepción de la Función Judicial, decretado  por el presidente  de la República, Rafael Correa, es con el objetivo de facilitar la movilización oportuna de recursos económicos y agilizar las contrataciones necesarias para superar las falencias en el sistema de justicia.

“No hay nada más atrás”, afirmó el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez, al tiempo de negar que el decreto implique más recursos de los 400 millones de dólares que se ha previsto invertir en los 18 meses de trabajo en la reestructuración de la justicia, conforme el mandato popular del pasado 7 de mayo. En un período posterior se invertirán 200 millones de dólares más.

Calificó como ideas peregrinas a las versiones sobre el despido inminente del personal. Agregó que   se procederá a contratar a nuevos elementos a través de un sistema de invitaciones y asignaciones, ya que hasta enero se prevé crear nuevas unidades de administración de justicia y judicaturas cantonales.

Rodríguez también adelantó que contratarán más jueces para solucionar el represamiento de 1,2 millones de  causas prescritas o abandonadas.

Tania Arias, vocal del organismo, sostuvo que si es necesario el trabajo de los servidores judiciales fuera de la jornada, o en fines de semana, serán reconocidas las horas extras.

Indicó que hasta fines de este año se invertirán 108 millones de dólares, de los cuales el 40% será en infraestructura, el 30% en  tecnología y el resto para el modelo de gestión y talento humano.

La funcionaria defendió la necesidad del decreto “ya que es imposible que con los mecanismos legales ordinarios a nuestra disposición podamos emprender con procesos acelerados de construcción de infraestructura, modernización tecnológica y de modificación de los modelos de gestión”.

Mientras tanto, el vocal Fernando Yávar dijo que se garantiza la independencia de los jueces y de las funciones del Estado. “Esta (el decreto de emergencia) es la única herramienta que nos permite cumplir con el mandato popular y los plazos fijados por mandato ciudadano”, sostuvo.

Los tres integrantes de la Judicatura de Transición defendieron la facultad legal y constitucional que tiene el Primer Mandatario de expedir el estado de excepción, conforme le faculta el artículo 164 de la Constitución y restaron validez a las críticas y cuestionamientos.

Asamblea

En el Legislativo algunos asambleístas, entre ellos César Rodríguez, amenazaron con iniciar un juicio político contra los miembros del Consejo de la Judicatura.

Enrique Herrería incluso indicó que el presidente Rafael Correa debe ser destituido al entrometerse en la Función Judicial.

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, justificó la decisión del Mandatario porque son  necesarios los cambios en la Función Judicial.