Uno de los cambios que introdujo la actual Constitución fue la consulta prelegislativa, un mecanismo que permite a las  comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades  participar en la elaboración de normas que mejoren sus derechos colectivos. La Asamblea está obligada a realizar este procedimiento.     

Formalmente, la consulta prelegislativa tiene como objetivo que  las nacionalidades y pueblos de Ecuador sean consultados  antes de la aprobación de una ley, que  afecte directamente a su modo  de vida y hábitat.     

La finalidad  es fomentar y garantizar la participación ciudadana de las organizaciones con derechos colectivos. Para cumplir con este mandato constitucional,  la Asamblea debe dotar  a las comunidades de la documentación necesaria sobre un proyecto de ley,   respetando el marco de los principios interculturales y plurinacionales, es decir que los textos manejen todos los idiomas hablados en Ecuador.

Es la comisión especializada -que trata un determinado proyecto de ley- quien debe solicitar al pleno de la Asamblea la realización de la consulta. Esa petición debe emitirse durante el primer debate para aceptar o negarla. 

Alcanzada esa etapa, la consulta establece una serie de procedimientos que ya están definidos. El primero es la inscripción de las   comunidades, nacionalidades y pueblos que quieran participar. Entonces el presidente de la Asamblea, de  manera  pública, convocará oficialmente a este procedimiento de participación ciudadana. A partir de allí  las comunidades tendrán 20 días para analizar, debatir e interpretar internamente   el proyecto de ley.

En cada provincia se entregarán los formularios con los temas sustantivos tratados y las actas de los mismos.   Luego de la recepción de estos documentos, en un plazo de dos días, las oficinas de información entregarán los resultados a  la comisión respectiva para que los compile en un plazo de cinco días.

Una vez culminada la consulta, la Asamblea convocará a las organizaciones nuevamente para tratar el proyecto de ley. En las denominadas audiencias públicas provinciales  habrá el asesoramiento de un legislador  de la comisión. Esa etapa  debe cumplirse  en un período de no más de  30 días.

La última instancia de la consulta es la  mesa de diálogo nacional. Será convocada con tres días de anticipación para  discutir los resultados de la consulta prelegislativa. Con cada  uno de los delegados  de las organizaciones se organizará una mesa de diálogo que tendrá una duración de cinco días; al concluir se   suscribirá un acta  correspondiente. 

La comisión especializada tendrá, posterior a  la mesa de diálogo, siete días para elaborar un informe final  de los resultados de la consulta. Ese reporte será remitido a la Presidencia de la Asamblea, que procesará toda la información . 

Entonces la comisión presentará un informe al pleno de la Asamblea para que éste sea tratado en un segundo debate.   

Proyectos de ley que fueron tratados en  consulta

 En septiembre, la Asamblea realizó la primera consulta prelegislativa  con el  proyecto de Ley de Culturas. La aprobación de la Ley de la Función Legislativa fue decisiva. Con este procedimiento el Ecuador se convirtió en la primera nación del mundo en efectuar este proceso.

El 15 de enero, la Comisión de Cultura concluyó la Mesa de Diálogo Nacional, la misma que contó con la participación de organizaciones sociales  como Fenocín, Conaie, Feine, entre otras.

El presidente de la Comisión Ocasional de Cultura, Marco Murillo, entregó ya  al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero,  el informe final y se espera que éste convoque al pleno de la Asamblea a tratar la norma en un segundo debate. 

Los temas sustantivos que se debatieron fueron tres: conocimiento colectivos, tecnológicos y saberes ancestrales; participación  y representación en los organismos  oficiales y patrimonio cultural e histórico.

Estos tres asuntos están contenidos en los   artículos del proyecto de Ley Orgánica de Culturas. Por ejemplo en el numeral 10 se estipula que los  derechos culturales  serán ejercidos por las comunidades, comunas, pueblos. Estos comprenden entre otros aspectos los idiomas, conocimiento, medicina ancestral, ritos, cultos, estética, creación artística y más.

Las comunidades  debatieron  sobre este artículo, bajo el tema sustantivo de Conocimientos colectivos, tecnológicos y saberes ancestrales. Entre las determinaciones que se produjeron están “Garantizar  -en el artículo 10- la profesionalización de los artistas  o reafirmar el derecho a la propiedad intelectual y patentes en los productos culturales”. 

El proyecto final consta de  57 consensos y disensos, de  24  artículos; la ley en total tiene 120. 

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero,  señaló que  el informe está siendo revisado por el bloque de PAIS. “En las próximas semanas coordinaremos con Marco Murillo  la fecha tentativa para que la ley entre a segundo debate”, señaló.

Pero el titular del Legislativo   afirmó que la aprobación de la misma dependerá de la actitud política que la oposición tenga en el pleno.

En el caso de la Ley de Recursos Hídricos, la misma se encuentra en pleno proceso de  consulta. Los temas sustantivos que se tratan en esta norma son cinco: tradiciones ancestrales, lugares rituales y sagrados; gestión y manejo ancestral; uso, usufructo y administración; derecho propio y consuetudinario y Participación en los organismos oficiales. Está previsto que la norma sea  debatida en junio.

En base a estos asuntos se discutirán  51 artículos de los 266 que contiene el proyecto. 

El asambleísta de PAIS, Pedro de la Cruz, argumentó que  cada comunidad tendrá que debatir sobre la ley de manera interna. “Los cinco temas sustantivos tendrán incidencias en los articulados de la ley, pero  los consensos y disensos de la ley serán elaborados por la misma comunidad”, garantizó.

La intención de Fernando Cordero -que como presidente de la Asamblea maneja la agenda del Legislativo- es avanzar lo más que se pueda en estos temas. Las leyes de Aguas y Culturas son un mandato constitucional que la actual Asamblea no ha podido cumplir.

Y aunque la consulta prelegislativa fue un asunto no previsto, ordenado por la Corte Constitucional, las leyes no han sido aprobadas por falta de consenso político.
Frente a eso el objetivo es acelerar los pasos  para que en mayo, cuando asuman sus curules los nuevos legisladores, solo deban aprobar la norma porque todo el trámite ya ha sido culminado.

En realidad será una tarea fácil para la bancada oficialista, pues según los cálculos de dirigentes de PAIS y del propio Rafael Correa, el movimiento verde tendrá alrededor de 100 representantes, suficientes para la aprobación de las leyes.