El intendente de Zamora, Ramiro Cuenca, informó ayer que la marcha convocada por la Conaie y otros sectores de oposición al Gobierno no está autorizada. Los organizadores habrían enviado dos solicitudes, pero ninguna con firma de responsabilidad, como establece la norma jurídica.

El primero llegó el martes a nombre de Amilcar Duque Tapia, como subcoordinador de la marcha, pero la rúbrica no   correspondía al ciudadano y tampoco adjuntó la copia de su cédula de identidad. Lo mismo ocurrió ayer, cuando   Gonzalo Medina Guadinzaca, de la Asociación Social Manuel Agustín Medina, presentó una nueva solicitud pero sin el documento de respaldo, por lo que el pedido no fue admitido.

“Es un acto de rebelión, anunciado públicamente  por los protagonistas de la marcha, quienes han dicho que no sacarán los permisos. Entonces no están acatando las disposiciones legales y constitucionales”, reiteró el funcionario, quien adelantó que ha pedido apoyo a la Intendencia de Loja para controlar la situación ante posibles desmanes.

El gobernador de Zamora, José Taqui, señaló que la marcha podrá salir siempre que cuente con la autorización de la Intendencia y no provoque  desmanes o atente  contra  la propiedad pública y privada. Y pidió a la ciudadanía  comprender que si no otorga la autorización no es por coartar la libertad de expresión sino porque han  incumplido   los requisitos  para ello. 

Además, señaló que el Gobierno tiene el respaldo de ocho de los nueve alcaldes de la provincia y de 12 juntas parroquiales, porque confían en que  la explotación minera traerá  desarrollo económico y social para la zona. Ellos participarán hoy en varios actos de homenaje a la mujer ecuatoriana.  

Luis Portilla, alcalde de El Pangui, desde donde partiría la marcha de la oposición, anotó que se garantizará la seguridad de los manifestantes, a pesar de que se trate de una postura  “ciega” ante el desarrollo. “El Ecuador no puede ser diferente a otros países desarrollados que viven de la minería”, dijo, tras anotar que respalda la gestión del presidente Rafael Correa por negociar un contrato millonario a favor del cantón y la provincia de donde se extraen los recursos naturales.