En los períodos de las alcaldías del Partido Social Cristiano (PSC) se consolidaron los asentamientos de las  viviendas construidas  a orillas del estero Salado. Así lo confirman las familias que aún viven en los sitios que ganaron terreno al brazo de mar mediante relleno de cascajo.   

En 8 puntos del estuario, entre los esteros Puerto Lisa y Palanqueado, la mayoría de las casas  está ya legalizada por el Cabildo. Prueba de aquello es que cuentan con servicios de agua potable y energía eléctrica.

Los moradores de estos sectores del Suburbio coinciden en que las ocupaciones fueron legalizadas durante la administración del alcalde León Febres-Cordero (+), quien estuvo al frente del gobierno seccional desde 1992 hasta 2000. Luego continuó la gestión Jaime Nebot, quien sigue en el cargo.

Paola Miño, que desde hace 15 años reside en la 14 y Colón, recuerda que fue legalizada por Febres-Cordero  y que  al poco tiempo obtuvo los servicios básicos.       

Sin embargo, en el sector persisten casas que todavía no cuentan con los servicios básicos. Producto de eso, las aguas residuales y pluviales desembocan directamente al afluente.

Las viviendas fueron construidas en rellenos realizados sobre el estero, esto es cerca de  las calles Carlos Estarellas, Rosendo Avilés, Chambers, Jorge Delgado, Genaro Cucalón, Samborondón (la 19), Yaguachi (la 14) y Balzar (la 16).  En esos puntos, el afluente tiene color verde y hedor, debido a las aguas residuales y a la basura acumulada.

Los vecinos de estos lugares admiten que se hicieron rellenos en la zona para ganar terreno al estero. Entonces, cancelaban hasta 5 mil sucres por cada descarga de una volqueta, llegando a contratar hasta 30  viajes.   

Los trabajos, aseguran, se realizaron tras una ley aprobada en 1997 que permitió su legalización (período presidencial de Fabián Alarcón). El estatuto al que hacen referencia es la ley 37, de carácter expropiatoria,  que avaló la regularización de miles de familias asentadas en aproximadamente 120 cooperativas que antes eran consideradas invasiones, en distintos puntos de la ciudad, incluidas aquellas ubicadas en el estero Salado.

Janeth Cerezo, de la 14 y Cristóbal Colón, es una de las vecinas que desea salir de las riberas del estero, a pesar de que fue legalizada hace 20 años. Según ella, está a la espera de que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Midivi) le dé una respuesta favorable para ser reubicada en los planes habitacionales estatales. “Me dijeron que debo esperar, como máximo, hasta 2017”.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), 2.421 familias fueron reubicadas hasta este mes, de las 3.500 que se proyectan hasta fines de este año. Se informó, además, que el primer tramo del parque lineal en el estero Salado, construido para evitar nuevos asentamienntos en la zona, ya está listo.
 
En los esteros Puerto Lisa y Palanqueado se observa también el paso de lanchas de la empresa Visolit que se encarga de recoger desechos sólidos del lugar.

Para la concejala Anita Banchón, de la Comisión de Ambiente del Concejo, la tarea resulta insuficiente si no existe una mejor política de prevención y capacitación ciudadana. “Las familias del Salado viven en situación precaria desde hace años y poco se ha hecho”. Ella también cuestiona que no haya mejorado el tratamiento de aguas residuales.

Cerca  al puente 4 de Noviembre -una cuadra al norte de la Carlos Estarellas-  se observa  cascajo cubriendo la orilla. Rosa León, de la 22 y Maracaibo, asegura que el sitio es usado para botar materiales de construcción.

Por ello, el presidente Rafael Correa, en el último enlace, denunció que   el relleno ilegal  en las riberas del estero ha  ocasionado que las aguas estén  contaminadas. “Contienen 800 veces más mercurio del máximo permitido para la salud humana”.

Para Octavio Villacreses, urbanista y ex concejal, el problema está en que  Guayaquil creció sin planificación urbana, especialmente en sectores considerados marginales. "Muchos rellenos  se hicieron con basurales de residuos de materiales de construcción. El estero Salado no es un caso único", dijo.

El urbanista indicó que la administración municipal, de antaño y contemporánea, es la responsable de las invasiones. "Hubo un demagógico comportamiento -en la alcaldía de Febres-Cordero- al ofrecer legalización de tierras a cambio de votos. A la gente se la dejaba en el abandono, sin infraestructura ni servicios básicos".