Parecería que en el afán de ganar votos se dice cualquier cosa, y en ese mismo tono se trastoca la racionalidad institucional. Ahora, desde el Ejecutivo, se quiere hacer lo que se hace y se hizo en ciertos municipios. En otras palabras, quieren volver a ‘privatizar’ la gestión pública bajo las figuras de corporaciones y/o fundaciones.

¿Qué implica eso? ¿Hasta dónde las consecuencias y el impacto real reduciendo supuestamente el gasto ayudan al desarrollo del Estado? En concreto: crear esas entidades es pasar la plata del sector público al privado bajo el manto de una supuesta eficiencia y ahorro. Según la experiencia de lo que fue el Municipio de Quito y es ahora el de Guayaquil, solo se trata de camuflar las cifras.

En las cuentas aparece que se reduce el personal, pero en esas mismas cuentas solo hay un rubro de una empresa privada que hace las tareas del sector público, a veces, con más personal. Entonces, parecería que el gasto corriente de la entidad pública se redujo. Y eso no es cierto. Pero hay algo más: desmontar el aparato estatal para favorecer (a dedo) a las empresas de los allegados es el verdadero propósito. (O)