Extractivismo es un término que evoca polémica, ambición, codicia, y esa percepción responde a un hecho inapelable: la explotación de los recursos naturales depreda las áreas naturales y tiene un impacto social y ambiental en el planeta, pero sobre todo en las comunidades más vulnerables, aquellas que viven al margen de la vorágine capitalista.

Además no se puede soslayar que el extractivismo tiene un denominador común a lo largo de toda Latinoamérica: buena parte de los casos de corrupción encuentran asidero en sus contratos, es decir, mientras más extractivismo hay en determinados contratos, más actos de corrupción se comprueban en dicha negociación.

Ecuador tiene un gran potencial minero, eso es innegable, pero si ha de recurrirse a la explotación lo mínimo que se espera es que se  respete a las comunidades que viven en territorios que colindan con las áreas de explotación y que haya rigor en la actividad para evitar la contaminación.

Valgan estas reflexiones para saludar la reciente adhesión de Ecuador a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés).

El país suscribe así  su compromiso de promover la transparencia y el adecuado manejo y gobernanza de los recursos petroleros, gasíferos y mineros, así como el impulso de la participación de diversos actores de la sociedad.

Para la materialización de este objetivo Ecuador deberá formar una secretaría técnica, cuyos representantes serán el Ejecutivo, la sociedad civil y las industrias, y entregar el documento con la información de los sectores de minería e hidrocarburos, referente a licencias y contratos, producción, recaudación de impuestos, asignación de ingresos, así como la contribución social y económica de estas industrias. Con esta adhesión, Ecuador ha actuado con respeto a sus comunidades, a su población, a su gente.  (O)