El 2020 será un año que no olvidaremos. La covid-19 ha dejado a su paso postales dramáticas sobre pérdidas de vidas humanas, angustia y desigualdad, y Ecuador no ha sido la excepción. Pero también nos ha dejado valiosas lecciones que debemos aprender.

La pandemia nos recordó que somos una sola humanidad, pues no hubo consideración geopolítica capaz de impedir su propagación por todo el mundo globalizado. Y demostró una vez más que cuando una persona está en peligro, las demás también lo estamos.

Quizás aún no conozcamos del todo al virus, pero sabemos de qué se alimenta: de desigualdad. La crisis sanitaria se sumó a problemas crónicos a nivel político, económico y social, transformándose en una grave crisis de derechos humanos. Y aunque la covid-19 no discrimina, sus repercusiones sí lo hacen.

Las personas pobres, marginadas y excluidas tienen más probabilidad de contagiarse, de no poder tratarse, o de ver amenazadas sus viviendas, empleos u otros derechos. También corren ese riesgo personas pertenecientes a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas ya afectadas por la discriminación estructural: migrantes y refugiados, pueblos indígenas, adultos mayores, personas LGBTQI y personas con discapacidad, entre otras.

Pero con especial crudeza, la covid-19 demostró la desproporcionada afectación a un grupo humano que nada tiene de minoritario: las mujeres y niñas. La evidencia internacional muestra que si alguien enferma de coronavirus o de cualquier otra dolencia, lo más probable es que la responsabilidad de cuidado recaiga sobre una mujer. Ello, a menudo, conlleva la pérdida de su empleo, lo que es aún más problemático en países donde predomina la economía informal, como en Ecuador.

Las niñas afectadas por el cierre de las escuelas no solo afrontan mayor riesgo de abandonar los estudios, sino también frente a embarazos o matrimonios precoces y de trata de personas. En gran parte del continente, también hemos sido testigos de cómo las mujeres han sido víctimas del aumento de la violencia doméstica durante la pandemia, en el marco de medidas de confinamiento orientadas a reducir los contagios.

Estas y otras lecciones de la pandemia deben llevarnos a no cometer los mismos errores. Para responder de forma eficaz, debemos abordar esas desigualdades poniendo al centro a las personas que están en situación de vulnerabilidad por medio de leyes, políticas y medidas basadas en derechos humanos. La responsabilidad es de todas y todos: los gobiernos, la sociedad civil, la ONU y sus estados miembros. Todos tenemos algo que aportar. Es momento para la solidaridad mundial, como lo ha dicho en múltiples ocasiones el Secretario General António Guterres.

También aprendimos que los sistemas de protección social universal “no son un lujo, sino que son mecanismos que cohesionan a la sociedad y crean un futuro más equitativo”, en palabras de la Alta Comisionada Michelle Bachelet.

La tragedia nos ofrece una oportunidad que no debemos desperdiciar: la de reconstruir para mejorar. En este Día Internacional de los Derechos Humanos, renovemos nuestro compromiso con la construcción activa del futuro que queremos, sin dejar a nadie atrás.