El jueves terminaron los 16 días de activismo mundial contra la violencia a la mujer. La Coalición Nacional de Mujeres y las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres se pronunciaron sobre los casos de violencia contra las féminas y las niñas durante el confinamiento. Ellas también explicaron el Informe Sombra, que enviaron a fines de septiembre, al Comité de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEAW) de las Naciones Unidas.

Es un largo y detallado documento, de 138 páginas, que analiza 11 temas sobre los derechos humanos de las mujeres ecuatorianas: la legislación, la participación en la vida pública, la educación, el empoderamiento económico; situación de las mujeres migrantes, los derechos sexuales y reproductivos, la trata de personas,  los efectos de la pandemia, entre otros.

Ayer, en una rueda de prensa en la plaza Victoria en Quito, las representantes de esas organizaciones, que son 24, se sumaron a la condena colectiva a la violencia contra las mujeres y las niñas, y expusieron algunas contradicciones del sistema, que están incluidos en el Informe Sombra.

Las cifras de 14 instituciones del Estado, que conforman los Servicios de Protección Integral, señalan que se atendieron a 3.128 mujeres en situación de violencia psicológica, física y sexual en el confinamiento. Pero el ECU 911 registró 45. 028 llamadas de auxilio de mujeres maltratadas. Es decir, ¿qué pasó con las otras 41.900 mujeres?

Según el Informe Sombra, los servicios como Casas de Acogida y Centros de Atención no reciben de manera oportuna las asignaciones de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio Economía y Finanzas. Eso repercute en la calidad de atención, además, los equipos de los Servicios de Protección Integral fueron recortados de 230 a 84 servidores en septiembre de este año, dicen ellas.

Pero, además, el documento dice que desde la aprobación de la nueva Constitución de 2008 la Asamblea no ha elaborado ninguna ley para el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, ni para la igualdad. Es decir, que los padres de la patria no han cumplido esa tarea con las mujeres, a pesar de los fogosos discursos para defender sus derechos. Tampoco el Legislativo cumplió con los mandatos de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional para reformar cuerpos legales a fin de garantizar el derecho a la identidad de género ni existe una Ley de Identidad de Género.

El discurso es uno, la praxis otra en los curules.