Bastaría pensar o ponerse de lado de todos los familiares de los detenidos por las FARC para saber que es inconmensurable el daño causado por ese grupo guerrillero. No hay justificación alguna.

Incluso cuando los detenidos sean militares debe existir un tratamiento humanitario.

Sin embargo, el anuncio, todavía no concretado o por lo menos no definido, despierta muchas pasiones: alegría para todos, rencor para muchos, sentimientos de venganza y hasta de perdón, confundidos todos alrededor de centenas de personas que no han visto un proceso judicial, menos el anuncio de cuándo podría terminar su cautiverio en condiciones infrahumanas.

No por ello dejemos de lado el meollo del conflicto colombiano, que no es de absoluta responsabilidad de las FARC, como quisieran que fuese algunos ex gobernantes que tuvieron en sus manos la posibilidad de darle una salida a un fenómeno  político de hondura y de una necesidad de acuerdos políticos sensatos de largo alcance.

Que los liberen, además, abre otro escenario para Colombia: ¿de qué se van a agarrar ahora los críticos de las FARC para decir que la causa de la violencia solo nace en ellas y termina en ellas? ¿Si la eliminación o entrega total de las armas del grupo armado se produjera, la narcoviolencia y el enorme aparato militar destinado a combatirlo pondría fin a los otros problemas de violencia?

De todos modos es un salto, un alivio enorme, un respirar profundo para mucha gente. Y bienvenida sea la decisión, pero no por eso se merece perdón porque se trata de delitos de lesa humanidad. Los responsables tendrán que rendirle cuentas a la justicia, porque hay detenidos que tienen más de diez años y no han cometido delito alguno.

Y siendo un salto y un alivio, la sociedad colombiana está obligada a construir un verdadero proceso de paz, que incluye rectificaciones del poder político y una apertura total de la guerrilla.