El operativo Victoria 403 desarticuló, esta semana, una banda que operaba en cuatro provincias del país y que se dedicaba al robo de viviendas con el método de fingir acciones investigativas legales en domicilios.

La trama, muy bien montada, incluía la participación de dos policías en servicio activo, dos en servicio pasivo y un militar. Además, dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado emitían falsas órdenes de allanamiento que permitían el ingreso de los integrantes del grupo a las viviendas de personas de recursos, previamente identificadas.

Llama la atención la minuciosidad del plan elaborado. Menos la participación de funcionarios estatales en delitos que, se supone, deberían combatir, pues desafortunadamente no se trata del primer caso de este tipo.

La revelación por parte de las autoridades, a fines de octubre pasado, de una red que entregaba licencias de conducir de manera irregular y en la que participaban funcionarios de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es una muestra de aquello.

También están las sospechas de que el ingreso de elementos no permitidos a los centros de rehabilitación social del país (armas, drogas, celulares, etc.) cuenta con la anuencia del personal encargado de las seguridades de esos sitios.

Los ejemplos abundan y muestran que la corrupción afecta, por desgracia, no solo a una institución, sino a distintas instancias del sistema estatal. Y que, además, existen ciudadanos dispuestos a intervenir en este tipo de redes mediante el pago a sus miembros para eludir o simplificar el cumplimiento de tal o cual trámite.

Es tan responsable quien ofrece y ejecuta las acciones ilícitas como quien las demanda y se beneficia de ellas. Mirar hacia un lado y fingir indiferencia no sirve de nada. Todos debemos aportar, desde nuestras acciones y vida cotidiana, a combatir un serio problema social que genera inmensas pérdidas y provoca grandes daños al país. (O)