El 30 de septiembre  la flota pesquera de arrastre   dejará de operar. Aquello ha provocado que en los últimos días haya un aumento del número  de armadores, operarios y asesores  en las oficinas de la Asociación de Barcos Pesqueros y Camaroneros de Arrastre (Asearbapesca), ubicadas al sur de la ciudad. Todos quieren conocer qué pasará con las propuestas planteadas por el gremio.

Juan Carlos Correia, principal del  gremio de pescadores, no logra satisfacer  cuando se lo inquiere. “Ni yo mismo se qué   pasará”, afirma.

Revela que la  propuesta presentada  es  reducir un 50% la flota pesquera y que los barcos más obsoletos, sin funcionalidad sean desarmados; y, que se reoriente su actividad hacia un plan piloto sobre recursos de anguila y/o la merluza; además,  que otras naves sean repotenciadas, una vez que le entreguen cupos  para migrar a la pesca de atún o sardinas.

Él no comparte  que  la actividad sea eliminada, pero acepta la realidad del cierre de operaciones. “Si la propuesta que hemos presentado para salvar a las 11.300 familias que viven de esta actividad no pasa, pedimos una prórroga de un año para que de manera ordenada se avalúen las naves y entreguen el dinero, con la finalidad de invertir en otra actividad.

Con respecto a la situación, la presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras, Gabriela Cruz, insiste en que ellos sí provocan daños ecológicos y que la decisión del Gobierno es respaldada en estudios serios que corroboran la gravedad de los daños.

El  Ministerio de Agricultura   informó que el proceso avanza como se   ha planificado y no hay cambios.