Ante quejas expuestas a la Superintendentencia de Bancos y Seguros (SBS), por parte de políticos, asambleístas y funcionarios públicos, el organismo de control recordó que la norma no prohíbe que las entidades del sistema financiero provean a dichas personas servicios bancarios de ahorro y crédito.

"Me permito recordar que si bien la norma de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otros delitos, establece la obligatoriedad de aplicar procedimientos de debida diligencias ampliados, para el caso de las personas políticamente expuestas, dicha norma no prohíbe que las entidades otorguen a dichas personas servicios financieros", dijo Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguros.

Agregó que, en caso de que el organismo de control detecte que, en contraposición con las garantías de igualdad de derechos consagrados en la Constitución, se estén negando solicitudes de otorgamiento de servicios financieros a usuarios por el solo hecho de ser personas políticamente expuestas, o que desempeñen funciones públicas destacadas, se procederá a imponer las sanciones correspondientes.