La Universidad de las Artes, entre dilemas, estrategias y vigilias

"La partida 71 es de gasto de inversiones y es la fuente más fluctuante dentro del erario público. Eso explica los atrasos en liberar los recursos para los pagos...".
10 de noviembre de 2020 09:20
María Paulina Soto, rectora; Eduarda Dávalos, representante de los estudiantes, y Ana Carrillo, representante de los docentes, explican los problemas que atraviesa la UArtes.
Collage: Carlitos Almeida / El Telégrafo
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La Universidad de las Artes se encuentra inmersa en serios problemas debido al recorte presupuestario que sufriera en los meses de enero (40%) y mayo (10%) de este año (2020). A ello se suma el que la Senescyt removiera de la Comisión Gestora a su rector de 5 años, Ramiro Noriega, y al plan que se cocina para el mes de diciembre: que se convierta en una universidad autosustentable.

Ante este escenario, diario El Telégrafo convocó a su rectora, María Paulina Soto Labbé; a la representante de los docentes, Ana Carrillo, y a la dirigente de los estudiantes, Eduarda Dávalos, para que en una suerte de contrapunto explicaran los dilemas que enfrenta la casona que las acoge.

La Universidad de las Artes es una universidad pública de educación superior ubicada en la ciudad de Guayaquil. Fue fundada en 2013 como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica.  

Inició sus actividades académicas con el curso de nivelación en marzo de 2014 de la primera promoción de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras, Escuela de Cine y la Escuela de Literatura. Las Escuelas de Artes Visuales y Escuela de Artes Escénicas empezaron sus actividades en el año 2015. Sus instalaciones se encuentran en la antigua Gobernación del Guayas. ​

"Es muy relevante el rol de la prensa en un momento tan delicado como este", comentó su rectora al aceptar la invitación que le extendió El Telégrafo para realizar este artículo, de ahí que el diario decidiera conocer la disonancia entre estas tres voces (rectora-docente-estudiante) concediendo un espacio similar para cada una, sin embargo encontramos asimetrías en los textos debido a la extensión de lo expuesto por cada invitada. A continuación publicamos lo que dijeron ellas, en primera persona, sin edición y sin las subjetivas rémoras de la interpretación.


María Paulina Soto Labbé (doctora en estudios sociales y políticos latinoamericanos. Investigadora y docente. Integrante de la Comisión Gestora, vicerrectora académica de la Universidad de las Artes de Ecuador desde el 2016, y rectora desde mayo de este año). 

Antecedentes de contexto (UArtes, 2020):  En enero, se inicia con un 44% de rebaja presupuestaria; en marzo migramos disciplinas que se aprenden con el cuerpo, a educación remota; en mayo, la Senescyt remueve a la Comisión Gestora y a su rector de 5 años; en mayo hay otro recorte presupuestario de un 10%; en diciembre, debemos autonomizarnos, eligiendo a nuestras primeras autoridades para pasar a FOPEDEUPO.

¿Cuál es la situación económica en año pandémico? La merma presupuestaria de la Universidad de las Artes asciende a US$ 2.163.11 en gasto corriente y a US$ 6.464.821 en gastos de inversión, entre los años 2018 a 2020.

Este año alcanza a un 54% respecto de lo solicitado y sus efectos más dramáticos son que tenemos atrasos reiterados en los pagos de nuestros trabajadores, así como deudas a proveedores externos del año 2019. Las cifras de trabajadores impagos al 06/11/2020 son: 79 docentes de la partida 71 fuente 202, impagos por dos meses. 70 docentes de la partida 71 fuente 201, impagos por un mes.   31 administrativos de la partida 71, impagos por un mes.

La partida 71 es de gasto de inversiones y es la fuente más fluctuante dentro del erario público. Eso explica los atrasos en liberar los recursos para los pagos por parte del Tesoro. Como has visto, existe un recorte sistemático desde 2018 y desde entonces se han contratado labores con gasto de inversión.

Las autoridades de entonces, como las de ahora, no hemos tenido otra alternativa para continuar con el proyecto de creación de la Universidad de las Artes hasta llevarla a su autogobierno. La demanda de docentes se genera conforme avanzan las mallas curriculares, aumentan los estudiantes o las necesidades académicas especializadas para los ciclos avanzados o para la escuela de postgrado. La relación entre crecimiento de cobertura estudiantil y avance de los estudiantes en su malla curricular, genera el aumento para el cual el Gobierno no ha otorgado recursos regulares o corrientes.

Las elecciones próximas permitirán el traspaso al FOPEDEUPO, donde la sostenibilidad del talento humano debe descansar en gastos regulares o corrientes. Así lo hemos planteado a las autoridades económicas porque nuestro personal está bastante estabilizado.

¿La estrategia para enfrentar la crisis económica?

Fue simple. “Nadie pierde el empleo”. De esta manera, no se ha despedido a nadie porque nos pareció que nuestro deber social era mantener la comunidad universitaria unida en torno al derecho de los estudiantes a la educación y a los trabajadores, administrativos y académicos, al empleo. Sumarle al confinamiento la tragedia de quedar sin actividad educativa o laboral, era un completo despropósito.

Estamos convencidos de que la UArtes es una excelente inversión del Estado ecuatoriano.  Cada dólar será retornado al desarrollo del país. Nuestros chicos llegan decididos y no se van hasta titularse. Eso no ocurre en ninguna otra área del conocimiento. Ni en Medicina. Nuestros estudiantes toman una elección firmemente vocacional y la prueba es que la Universidad de las Artes exhibe una excepcional tasa de retención estudiantil que nunca ha bajado del 84%.

El año 2019 llegó a 95% porque tuvimos pasantías para que los mejores estudiantes pudieran hacer sus prácticas preprofesionales pagadas dentro de nuestros propios edificios que prestan servicios a toda la comunidad guayaquileña. Todos ganan.

Nuestros egresados trabajarán como profesores de escuela, maestros de institutos o academias o como docentes universitarios. Es decir, reforzarán al sistema educacional del país, pero también cualificarán el mercado de las artes y de la cultura, porque otros se dedicarán a la gestión cultural para reforzar las cadenas de valor del sector, al tiempo que los más talentosos serán los futuros artistas de este país. Todos, sin excepción, serán los nuevos públicos y audiencias calificadas en los lenguajes o el alfabeto de lo sensible del Ecuador.

¿Medidas tomadas por esta administración? En lo material, se detuvo la restauración del edificio de la excárcel, los viajes y desplazamientos de toda índole, se minimizaron los gastos de todos los departamentos y áreas, y se suspendieron las adquisiciones de equipos y contratos con proveedores externos.

En el mes de septiembre, reubicamos a la baja, a 12 directivos de nivel jerárquico superior y aplicamos una rebaja salarial proporcional al sueldo, que fue la última medida económica tomada después de 8 meses en que no tocamos los sueldos. Todos han aportado un 3, 5, 7 u 10% de sus salarios en proporción a sus ingresos. Los titulares de puestos administrativos y docentes tienen que aportar voluntariamente. La mayor adhesión voluntaria la recibimos de los administrativos.

Seguimos con soluciones alternas de autogestión –postgrado y homologación de conocimientos- y hemos reactivado de manera virtual y con colaboraciones internacionales, las publicaciones, los programas y eventos académicos y culturales habituales, que benefician a la comunidad estudiantil y a toda la ciudadanía en general. Es decir, adaptamos aquello que denominamos el “currículum expandido” y que forma ciudadanía cultural más allá de las aulas esperando mejorar nuestro equipamiento de transmisiones en línea, para el 2021. No vamos a retroceder en todo lo aprendido.

Acercamiento con el Gobierno: Mes a mes hemos enviado oficios de solicitud para estabilizar los pagos y para realizar reuniones de trabajo. Con las autoridades de Senescyt hemos tenido un contacto regular porque son nuestras direcciones político institucionales y mediadores con el Ministerio de Economía y Finanzas. Con los subsecretarios de Economía y Finanzas nos hemos reunido en dos oportunidades. En julio y en octubre.


Ana Carrillo (docente de la Universidad de las Artes; artista visual y doctora en Antropología) 

Al día 10 de noviembre de 2020, aproximadamente un tercio de nuestras compañeras y compañeros de trabajo llevan 70 días sin recibir su salario. 10 semanas. Este hecho es el síntoma del desfinanciamiento global de la universidad producto de una política estatal de reducción del gasto, y de fuerte ataque a la educación pública.

En este contexto es importante pensar en los antecedentes: la Universidad de las Artes al igual que las otras tres universidades creadas en el 2012 son aún un proyecto de inversión ligadas directamente al Ejecutivo, cuya designación de autoridades máximas se hace a través de la SENESCYT, eso hace que la visión política y los mecanismos de aterrizaje de las políticas estén guiadas directamente por los funcionarios de la SENESCYT. Esto es, para empezar, una contradicción con los principios de autonomía universitaria.

En comparación con el año pasado la Universidad de las Artes tiene para este año un recorte de alrededor del 65% del presupuesto. A inicios de año se redujeron aproximadamente 20 millones, en aquel momento las autoridades universitarias decidieron recortar al mínimo los gastos, se anularon los presupuestos destinados a los proyectos de investigación, los encuentros académicos, los procesos de vinculación, hasta los servicios de guardianía y limpieza fueron recortados.

En ese momento las autoridades no hicieron las gestiones necesarias para solventar el mantenimiento real de la universidad hasta fin de año; la falta de independencia de las autoridades con la política gubernamental afecta en este tipo de decisiones. Ya para ese entonces la Uartes tenía un déficit en gasto corriente, pues según nos han explicado, creció más rápido de lo que se proyectó; aun así con ese crecimiento sostenido no se fortaleció el gasto corriente y las contrataciones comenzaron en ese histórico a formar parte de las partidas de inversión.

Cuando el Gobierno Nacional este año decidió recortar los gastos de inversión por las medidas de austeridad adoptadas como consecuencia de la pandemia y la firma del acuerdo con el FMI, los retrasos de los pagos a nuestros compañeros y compañeras que estaban en esta situación comenzó a retrasarse.

Se agravó con el recorte bastante conocido de mayo; en esa fecha además las autoridades fueron removidas de su puesto, como siempre por resolución de la SENESCYT y se nombró una nueva comisión gestora a 3 días del inicio del nuevo semestre.

En ese momento comenzaron los retrasos de pagos de los compañeros que estaban en partidas de inversión (91 personas, es decir la tercera parte del personal docente y administrativo contratado). La incertidumbre fue un elemento fuerte de manejar pues las respuestas de las autoridades era esperar al Ministerio de Finanzas sin tener ninguna certeza sobre esos pagos.

Todos sabíamos que había problemas de financiamiento, que incurrían en el irrespeto de los derechos laborales. Exigimos entonces información clara, la idea era sumarnos con una acción de Amicus Curiae y respaldar las acciones de protección que desde varios actores se armaron. Nos parecía fundamental que lo hiciera la Universidad de las Artes o cualquier otra universidad creada en el 2012, porque al no ser parte del FOPEDEUPO se podía aportar en la protección de la educación, pues nuestro recorte no se debía, como fue el argumento del ex-Ministro de Finanzas, a una justificada rebaja de las asignaciones debido a una sustancial baja de la recaudación del IVA.

De boca de las autoridades sabíamos que las negociaciones para financiar la Universidad habían sido planteadas al Ministerio de Finanzas, más o menos entendíamos que a partir del mes de septiembre o a más tardar para el inicio del nuevo semestre (Octubre 2020), algunos profesores y profesoras corríamos el riesgo de ser despedidas.

La verdad se cumplió con la promesa de no despidos a cambio de una rebaja salarial estipulada según rangos. A final del mes de agosto lxs profesores y el personal administrativo fueron llamados a firmar una adenda a sus contrataciones para proceder con la rebaja.

Debo recalcar que toda la gestión de la Comisión Gestora actual, que corresponde más o menos al mismo tiempo de formación de la Asociación de Docentes ha tenido fuertes falencias en la comunicación clara y transparente. No se ha organizado, por ejemplo, una reunión con nuestros comisionados en donde nos expliquen públicamente los planes y visiones de la Universidad en medio de la pandemia, por ejemplo; las resoluciones no se suben a la página web de manera oportuna.

Nos hemos visto obligadas a recurrir a solicitudes de acceso a la información que no han sido debidamente respondidas. Digo esto porque la firma de esa adenda careció de un proceso debido de socialización. Uno de los puntos sensibles de esta adenda es que la mayoría de los y las que firmaron y cuyos salarios se encontraban en gasto corriente ahora pasaron a formar parte de una nueva partida de inversión, que a decir de algún correo enviado como respuesta a una colega cuando preguntó por qué está en partida de inversión, la reducción del gasto corriente es una condición estipulada por los organismos internacionales de crédito.

Entonces, a pesar de haber firmado la adenda de descuento al salario, tenemos personal administrativo y docentes sin ser pagados. Calculamos que los grupos de gasto de los que se pagan nuestros salarios están divididos en tres partes más o menos iguales: los que aún pertenecemos a gasto corriente hemos recibido nuestro sueldo con un poco de retraso por el mes de septiembre y de manera puntual para el mes de octubre.

Los que están en el primer grupo de gastos de inversión que ya venían así desde enero (más o menos una tercera parte) han recibido el pago del mes de septiembre a finales de octubre, y los que pasaron recientemente a gastos de inversión no han recibido sus salarios de septiembre ni octubre. Las respuestas de las autoridades han ocasionado más incertidumbre.

Obviamente que esto ha causado muchísimo malestar en las profesoras y profesores y trabajadoras. Condiciones personales bastante complicadas, estamos en una temporada especialmente sensible de gastos, en muchas familias las y los trabajadores que tienen empleo son el sostén único de las familias ampliadas, el acceso a los servicios de salud se  complica por la imposibilidad de pagar atención privada, por el colapso del sistema público y porque se adeudan tres meses de pensiones al IESS.

También ahora, somos las y los docentes los que pagamos por los medios de producción con los que trabajamos, por lo que la misma conexión a internet o electricidad nos resulta difícil de pagar. Estas situaciones personales vuelven inestable el ambiente de aprendizaje de las y los estudiantes. Desde nuestra lectura la falta de pago es el síntoma del desfinanciamiento, y eso también nos hace temer por el futuro de nuestra institución.

Hace unos meses nos habíamos juntado con las asociaciones docentes de las Universidades de reciente creación para ver que tenemos panoramas similares: relaciones difíciles de las comisiones gestoras con la comunidad, poca información y poca capacidad de diálogo, inestabilidad por el cambio de autoridades máximas, pocos pasos dados para consolidar la institucionalidad, falta de normativas, reglamentos, modelos en unos casos, falta de la cantidad suficiente de docentes con nombramiento en otros, y falta de voluntad política para culminar con el proceso de institucionalización, es decir proceder a consolidar la autonomía y el cogobierno a través de elecciones democráticas internas.

A propósito de esto la Asamblea ha pedido la comparecencia de Agustín Albán para explicar el plan que elaborado por los organismos competentes para las 4 universidades. Según las declaraciones de los funcionarios enviados por Albán a la Asamblea Nacional el 6 de noviembre de 2020 y de algunos artículos de opinión se quiere dibujar a nuestras universidades como un caprichoso gasto público.

No estamos de acuerdo con esta lectura. Primero creemos férreamente en el derecho a la educación como una responsabilidad de un Estado que debe tener entre sus prioridades la disminución de las brechas de desigualdad que padecemos, así como propiciar el conocimiento enfocado al cambio de matriz productiva y al pensamiento crítico y técnico que nos permita salir de la condición colonialista en que nos encontramos como países “en vías de desarrollo”.

Nuestras universidades acogen a población que habita situaciones que no le permiten acceder a educación privada, tenemos, por ejemplo, una gran mayoría de estudiantes que se constituyen en la primera generación de su familia que asiste a la Universidad, también aportamos al desarrollo local, en nuestro caso a la oxigenación urbana en el centro de la ciudad de Guayaquil y a la recuperación del patrimonio arquitectónico.

En estos discursos en los que se ataca a nuestras universidades a veces pareciera que somos los docentes o los estudiantes los responsables de procesos que no se han llevado a cabo a cabalidad, como por el ejemplo el financiamiento de UArtes, cuando es en realidad la misma SENESCYT la que ha puesto las autoridades que tenemos. Parece ser por las respuestas de los enviados de Albán a comparecer que el gobierno no tiene ningún plan de contingencia para solventar la vida de estas instituciones, el día a día de todos y todas las estudiantes, los docentes y el personal administrativo.

Desde la asociación de docentes, la organización estudiantil y algunos compañeros administrativos hemos hecho algunas acciones que nos lleven a concientizar a la sociedad la importancia de la existencia de nuestra universidad,  a ejercer nuestro derecho a la protesta para reclamar por los derechos laborales vulnerados y por los derechos culturales ignorados, a consolidar este proyecto y a asegurar su permanencia en el tiempo. Lo que queremos es que se solucione la falta de pago, el desfinanciamiento y que se asegure su institucionalidad.

La Universidad es un gran esfuerzo colectivo, nos parece importante que se afiance y cumpla con los procesos de categorización, que persista y que cumpla los objetivos para los que fue creada y muchos más.


Eduarda Dávalos (estudiante de la carrera de Literatura) 

La Universidad de las Artes nos ha permitido acceder a una educación en artes de calidad sin que las condiciones socioeconómicas sean un impedimento para seguir nuestra vocación artística. Por medio del Frente de Defensa para la Universidad de las Artes, nos hemos unido como comunidad estudiantes, docentes y administrativos para exigir el pago de salarios, salvaguardar la institucionalización de la universidad que se debe realizar antes de diciembre de este año como la única vía para defender el financiamiento, solamente así nuestra universidad se mantendrá en pie y fortaleciéndose.

Desde el Frente hemos organizamos movilizaciones virtuales y presenciales, cuidándonos con protocolos de bioseguridad, y sabiendo que el arte es nuestra arma más fuerte para visibilizar los procesos que estamos viviendo.

Una de estas movilizaciones fue la vigilia para no dejar morir la educación en artes. El 3 de noviembre nos reunimos en redes sociales con los hashtags: #YoVelolaEduación #UArtesResiste #SiVigiloNoMuere, para presentar nuestras preocupaciones.

Como estudiantes, conocemos el trabajo, la calidad y la visión de excelencia que busca tener la universidad pese a los paulatinos recortes presupuestarios que van desde el año 2017. Es vital visibilizar que la UArtes no es un proyecto de un periodo político, es una conquista de toda la sociedad ecuatoriana ante la deuda que ha tenido el país con los artistas y el frágil aparataje cultural.

Somos miles los estudiantes que dependemos de educación pública y de calidad, por lo que conocemos y vivimos a diario el impacto positivo que ha tenido la UArtes para la creación de vínculos con la comunidad, proyectos culturales, de investigación y para la formación de un pensamiento crítico. Por ello exigimos transparencia a las autoridades, de forma que se cumplan con los procesos y la planificación prevista.  (I)