No cabe duda que uno de los problemas graves de Quito es el transporte público. Quienes vivimos en esta ciudad nos preguntamos desde hace años cómo puede ser posible que no haya habido Alcaldes y Concejales que analicen y propongan soluciones para que el tránsito vehicular sea bueno y eficiente. He escuchado desde hace años que las “mafias” del transporte público (que no es público sino privado) atemorizan tanto a los Alcaldes y Concejales que éstos prefieren no enfrentarse con ellos. También he escuchado graves denuncias respeto de ciertos pagos a quienes dentro de la administración municipal tienen la responsabilidad de manejar esta problemática para que no se haga nada. Finalmente, desembocamos en el famoso Metro. Pero sobre este, hay serios cuestionamientos que la Fiscalía y la Función Judicial tienen que clarificar.
La contratación de la construcción del Metro empezó hace unos diez años con la famosa empresa coimadora Odebretch. Cuando apareció el escándalo de los sobornos que ésta venía pagando en diferentes países de Sudamérica inmediatamente la empresa española ACCIONA S.A. se puso al frente de la contratación, y pese a denuncias bien sustentadas, se suscribió el contrato principal y los contratos complementarios. Según el Arq. Galo Andrade Tafur, Veedor Ciudadano de esta contratación, el valor máximo que debía pagarse por el Metro no llegaba a 700 millones de dólares. Hoy, lo tenemos con un coste de 2.100 millones de dólares aproximadamente y, cuando se entregue la obra, el metro costará 3.000 millones de dólares.
El Arquitecto Andrade Tafur tenía la misión de vigilar la ejecución de las fases del proceso de estudios, precontractual y contractual dentro de la gestión del Municipio de Quito. Entre noviembre y los primeros días de diciembre de 2.017 él presentó un informe exhaustivo de todas las ilegalidades e irregularidades que se estaban dando, al Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y la correspondiente denuncia a la Fiscalía de Pichincha con el respaldo de más de mil documentos probatorios. Quiteños y residentes en Quito, aquí no ha pasado nada. Y nadie responde por lo ocurrido.
La Comisión de Fiscalización actual de la Asamblea Nacional debería retomar este asunto y determinar por qué su trámite en esa Comisión quedó inconcluso y realizar una verdadera investigación para que el país sepa lo ocurrido. Y la Fiscalía debería también desenterrar la investigación que estaba en sus manos y decirnos qué pasó con esto.
