De acuerdo a la Constitución, el Ecuador se gobierna en forma de una República, se eligen a sus mandantes democráticamente, existe la división de poderes, concurre el estado de derecho, es decir, impera la Ley y todos la deberían cumplir.

El poder constituido vive amenazado por los grupos de presión que chantajean al Gobierno con “paros nacionales” anunciados como protestas pacíficas, pero la experiencia demuestra que se convierten en luchas violentas y destructivas si el gobernante no acata los pedidos de los manifestantes.

En una república deben convivir el oficialismo y la oposición, les corresponde debatir las propuestas políticas, sin amenazas de romper el orden social, pueden existir expresiones públicas pero sin violar las normas y con respeto a la gente, su libre y segura circulación y el cuidado de la propiedad pública y privada.

En el Ecuador está permitido la protesta pública, la libre asociación y la libertad de expresión, por ende el derecho a expresar oposición al gobierno pero, también, existen limites legales para preservar el Orden.

Las protestas de sectores de la sociedad que se sienten afectadas por una decisión oficial están en su pleno derecho de expresar su malestar, pero no es admisible que esas protestas se tornen violentas en contra de ningún ciudadano, ni de la propiedad, esos ataques se convierten en delitos y deben ser sancionados por el Estado de acuerdo a las leyes.

El Ecuador requiere paz y seguridad para sus ciudadanos, necesita gente sana y reactivación económica, el aparato público debe estar para el servicio de la ciudadanía, los productores de todo nivel deben contar con el ambiente propicio para desarrollar sus actividades, generar riqueza y crear empleo decente. Los políticos deben defender sus posturas ideológicas pero en el marco del respeto a las ideas ajenas y aportar con el debate en los ambientes generados para el efecto.

Si el poder político rompe las reglas, los ciudadanos tienen derecho a defender la institucionalidad, incluso en las calles.