La difícil coyuntura social que deviene de la crisis de la pandemia, sin duda ha intensificado las problemáticas del complejo sector cultural que tradicionalmente ha debido subsistir sorteando problemas de toda índole, sobre todo, de la falta de políticas públicas claras que contribuyan al fomento de la actividad cultural y faciliten el trabajo de los artistas y gestores culturales en sus diferentes ámbitos. A pesar de que la cultura es un componente esencial en la construcción de sentidos para una sociedad cohesionada, que se auto valora y que, por ende, puede generar alternativas de desarrollo y caminos de superación de la(s) crisis; la percepción general de artistas y gestores culturales es que no existe un correcto tratamiento del sector cultural, por parte del Estado.

Por otro lado, la pandemia ha develado la vulnerabilidad de sistemas de administración política, económica y social que no se han preocupado efectivamente por el bienestar de las personas, y ha permitido retomar la idea de que es necesario generar sistemas plenamente democráticos que refuercen el cumplimiento de los derechos de las personas. Esto está estrechamente ligado a preocupaciones sobre la relación entre el desarrollo y la cultura, así como la recuperación de la ética, la inclusión (genérica, generacional e intercultural), la equidad y la libertad, elementos que permiten pensar en un desarrollo social más allá de los términos puramente economicistas.

Sobre estas consideraciones y entrando en la coyuntura electoral es necesario que los planteamientos y promesas de campaña aborden con seriedad el ámbito de la cultura para que la ciudadanía, los gestores culturales, los artistas y creadores puedan saber cuál es el rol de la cultura en los diferentes planes de gobierno, cómo se piensa el desarrollo y qué significa el “mejoramiento de la calidad de vida de las personas” desde la óptica de los derechos culturales, y cuáles serán las acciones macro que cada propuesta de gobierno formulará para que el régimen de desarrollo garantice la realización del principio constitucional del Buen Vivir sin mencionar una necesidad que es obvia pero hasta la actualidad, incumplida, la de garantizar los recursos suficientes y oportunos para el cumplimiento y realización de los derechos culturales en cada territorio, según lo establece la Constitución.