Mente desocupada, taller del diablo, dice la abuela de la casa. Y es que frente al proyecto de la llamada Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario nos cae como anillo al dedo esa sentencia popular. Esta ley debe analizarse en dos planos: la necesidad real de reformas al sistema penitenciario y el riesgo de que la ley responda más a una lógica de “populismo penal” que a una política pública eficaz.

El sistema penitenciario atraviesa una crisis estructural desde hace varios años. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no tiene un sustento científico es decir criminológico lo que se evidencia en el control de las cárceles por el “sexto poder” del Estado, el crimen organizado, lo cual deviene en violencia extrema, masacres y vulneración de derechos de los privados de libertad, denotando debilidad institucional y guíaspenitenciarios, policías y militares contaminados, y un sistema de rehabilitación inexistente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, se puede justificar la ley, pese a que en el COIP ya está previsto el trabajo.

Y ahora nos preguntamos ¿dónde aparece el riesgo de populismo penal? pues vale recordar que el concepto de populismo penal se refiere a respuestas legislativas orientadas a satisfacer la demanda social de castigo, más que a resolver las causas estructurales del problema. Una ley cae en populismo penal cuando aumenta penas sin evidencia de eficacia, amplía el uso del encarcelamiento sin fortalecer la rehabilitación, crea nuevas figuras delictivas simbólicas, se presenta como solución rápida a problemas complejos. Si la ley se limita a endurecer el control, militarizar o ampliar sanciones, pero no corrige los déficits institucionales, entonces el riesgo de populismo penal es alto.

Ecuador tiene una maraña legislativa. Una reforma verdaderamente estructural desde una política criminal debería incluir: profesionalización del sistema penitenciario en donde la Criminología actúe, y si no hay criminólogos en el país, que se los traiga de afuera; inteligencia penitenciaria real contra las organizaciones criminales, control tecnológico de centros para evitar comunicaciones, ingreso de armas y drogas; programas reales de rehabilitación y reinserción. Y, como colofón, reducción de la prisión preventiva excesiva que contribuye al hacinamiento y ahí si la pelota cae en la cancha del legislador. Ergo: una ley puede ser necesaria, pero mal diseñada puede terminar siendo solo populismo penal.