Philosophiae doctor es lo que representa la sigla.  Acuñada en Alemania en el siglo XIX, popularizada en Estados Unidos en el siglo XX, se ha convertido en un fetiche en Ecuador del siglo XXI.  Está bien el afán de progreso académico y en esa línea debe inscribirse el título en cuestión, pero, para que tenga sentido, es necesario entender que el PhD  representa la voluntad de investigar y aportar conocimiento nuevo.

El PhD no está orientado a que quien lo obtiene se convierta en un excelso administrador o en un formidable profesor. Tampoco asegura que quien obtenga un PhD será excelente en el ejercicio de su profesión. Un PhD es alguien que tiene en su mente la inquietud de saber el cómo y el por qué de aquello que aún no se conoce. De hecho, la mayoría de los genuinos PhD se desmarca de las tareas administrativas y muchos tienen poco afecto por la docencia.  

Los genuinos PhD quieren hacer lo que les gusta: investigar. Por lo indicado, resulta inexplicable que en nuestro país se haya instaurado esta locura colectiva a favor del PhD para cargos administrativos, de ejercicio profesional o docente. Este absurdo se gesta con el esperpento de la Ley Orgánica de Educación Superior expedida en octubre de 2010 e incompletamente reformada, recientemente, por la actual Asamblea Nacional.  

En este bodrio se señala que, para ser rector universitario, uno de los requisitos es el de disponer un título de PhD o equivalente.

Se establece que, en plazos absurdos de cumplir, la mayoría de los profesores universitarios obtenga dicho título. La ley de marras, absolutamente discriminatoria, excluye a más del 95% de los profesores universitarios de la posibilidad de ser considerados para rector.  

Inclusive, en Estados Unidos de América, país que indudablemente lidera el mundo académico, no es requisito el disponer de un título de PhD para ser rector. Vivimos la frustración de haber visto, en diez años, la expedición de más de un centenar de leyes espantosas que será difícil reformar.

Tomará veinte años el componer el maremagno legal, político y económico del que fuimos víctimas por diez años; y esto si acaso aprendemos a votar bien. (O)