Es importante tener claro el rol del Estado y el espacio que ocupa el sector privado en la economía nacional. Esto depende de cómo la Constitución traza la cancha para la participación de cada uno, asunto relevante en extremo porque de ello puede depender la producción y el empleo, la inversión, el posicionamiento internacional y la generación de tributos para el presupuesto.

Esto a propósito de la Sentencia Constitucional 112-21-IN/25 relacionada con la discusión sobre reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, cuestión vinculada con la inversión privada y la posibilidad de impulsar proyectos en el campo eléctrico.

​Al Estado le corresponde definir la política económica y la normativa pertinente, y controlar los ámbitos correspondientes; esto pasa por crear condiciones óptimas para la participación del sector privado sin burlar la Constitución ni la ley. Como es obvio, frente a estas responsabilidades estatales básicas, se debe considerar la definición constitucional del régimen económico.

La Constitución es meridiana cuando establece con varios artículos, un “sistema económico social y solidario”; reconoce al ser humano como sujeto y fin; y propende a una “relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza”. Además, manda que las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y de gestión, “podrán ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión”, garantizadas y reguladas por el Estado.

El Estado necesita del sector privado en todas sus formas, para que, una vez establecidas las normas de su funcionamiento y desarrollo, aporte al país con eficiencia, innovación y mayor alcance, haciéndose cargo de lo que el aparato público no puede sostener, como sucede en todo el mundo con la explotación de recursos naturales, educación, salud, vivienda, producción e innovación, infraestructura, ciencia y tecnología, finanzas e inversión, transición ambiental y sostenibilidad, entre otros sectores sensibles.

El Estado y el sector privado son complementarios, no son enemigos, ambos están llamados para cooperar al servicio de la sociedad, solo que el primero por definición no persigue lucro mientras que el segundo sí, bajo las condiciones constitucionales y legales de cada país, con reglas claras, transparencia y control democrático, eso sí, sin dejar de lado la definición social y solidaria del sistema económico.