El discurso político de las últimas décadas alude al diálogo como un mecanismo adecuado para gobernar.  Supuestamente las explicaciones de puntos de vista, las concertaciones y los acuerdos derivados, deberían ser elementos que garanticen satisfacciones para los involucrados en los diálogos y, por ende, gobernabilidad.  No obstante, la historia reciente nos ha generado escepticismo.

Es obvio que dialogar y entender los puntos de vista del interlocutor es saludable. Más aún, es deseable que, si los puntos de vista del contertulio son reconocidos como válidos, se los acepte y se lo manifieste abiertamente.   Esto que parecería obvio, no suele ocurrir. 

El potencial éxito de un diálogo depende de que los participantes en el conversatorio estén genuinamente dispuestos a llegar a un acuerdo, y ello implica, necesariamente ceder en algo, en bastante o en todo.  Si el supuesto diálogo comienza con intransigencia, no hay diálogo.  Lamentablemente hemos visto en los últimos catorce años la intransigencia y la futilidad de los diálogos.

Hace trece años, el gobierno de la Revolución Ciudadana, convocó a una reunión de autoridades universitarias para presentar su proyecto de reformas a la Educación Superior.  A partir de entonces y en forma sistemática se convocó a sesiones para, supuestamente, dialogar, pero la verdad es que las reuniones, a las que se llevaba cámaras de video para registrar los “diálogos”, simplemente eran espacios para “socialización” (palabrita ésta, cuya pretendida acepción revolucionaria de comunicación, no existe).  Es decir, reuniones para comunicar o difundir los planes del gobierno que, con una mayoría parlamentaria aplastante, se cumplían a rajatabla.

Otro ejemplo de diálogo inexistente fue el de Lenín Moreno con Leonidas Iza y Jaime Vargas para deponer el levantamiento de octubre de 2019.  Los dos líderes indígenas fueron al supuesto diálogo con la preconcepción de intransigencia y se impusieron.

Los temas se reciclan.  Se ha anunciado un diálogo del gobierno con los rectores universitarios para reformar la pésima Ley Orgánica de Educación Superior de 2010 que ya fue remendada en agosto de 2018.  Veremos si hay acuerdos o imposiciones.  Veremos si prima la razón sobre los intereses de grupo.

Así mismo, se perfila otra zalagarda con la Conaie por su intransigencia al querer regresar al subsidio no regulado del precio de los combustibles.  Si hubiere diálogo aceptarían que el subsidio favorece a los adinerados y que el incremento del 48% en el valor del diésel apenas tiene un impacto inflacionario global menor al 2%.  Se les explicaría que una parte sustantiva de la recaudación iría dirigida a solucionar problemas que, sobre todo, afectan a los indígenas.

Veremos si los diálogos resultan fructíferos o si, como ha sido habitual, es una reedición de los diálogos de sordos.