En nuestra América Latina la preocupación por la desigualdad social nos ha acompañado desde siempre y en el actual contexto de la pandemia y las crisis políticas, sociales y económicas al parecer se han exacerbado y se han vuelto notorias. Según datos de la CEPAL la pobreza en el 2020 se aumentaría al menos en 4,4 puntos porcentuales, es decir, unos 29 millones de personas pasarán al estado de pobreza con respecto al 2019. Con esto, el total de pobres en nuestra región llegaría a casi 217 millones de personas. Otro dato de la misma CEPAL nos dice que la extrema pobreza se incrementará en 16 millones de personas, llegando a un total de 83, 4 millones de personas en toda la región.

No hay país en nuestro continente que no se vean afectados por la pobreza y la extrema pobreza. Se prevé que lamentablemente los de mayor aumento de la extrema pobreza serán en México, Nicaragua y Ecuador. Y de la pobreza en general aumentaría en Argentina, México, Ecuador y Brasil. Por lo visto, las tres economías más importantes de la región se verán afectadas. Esta información lo expuso Carolina Muñoz, experta chilena que es consultora de la CEPAL ante el Grupo Latinoamericano de Administración Pública -GLAP- en esta semana. Los datos recogidos consideraron los efectos de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada en la región.

Se observa que las consecuencias de la pandemia afectan a los grupos históricamente vulnerables de nuestro continente. Y la propia pandemia se ha vuelto más dura con los más pobres y ahí apareció, de forma insustituible, el Estado y el servicio público para atender estos grupos humanos. Con esta crisis las respuestas del Estado ya no pueden ser las mismas, se requiere de un cambio en el quehacer de la política y en las estrategias para combatirlas, hemos visto que nos son suficientes las tradicionales formas que vienen escritas desde hace un tiempo en los manuales de nuestros gobernantes.

El reposicionamiento del rol del Estado para un desarrollo y no solo para el crecimiento de forma sostenible e inclusiva es urgente e inevitable. Las crisis sociales demandan de respuestas estatales rápidas y eficientes que se encuentren sustentadas por aparatos públicos profesionales que sean también valorados y no esquilmados.

No podemos dejar de lado en la formación en todas las profesiones de las universidades de nuestra región al estudio e investigación de temas de desigualdad social y de la exclusión, para que se ayude desde todos los frentes a dar respuesta a los grandes problemas urgentes y complejos que se plantean para los Estados y que están ya presentes a la vuelta de la esquina en nuestra querida América Latina.