El Estado es la organización jurídico política de la sociedad, cuya razón de ser es el interés general. Con esta finalidad procura los medios adecuados para el beneficio colectivo; recauda, gestiona, gasta e invierte; y, a diferencia de la actividad económica privada, en donde prima el principio del mercado, aquí el objetivo es el bienestar.

Para esto, planifica, organiza, presupuesta e identifica las fuentes de ingresos como son recursos, extracción, tributos y contrata deuda, -en el deber ser- para el desarrollo.

El gasto público está directamente vinculado a satisfacer las necesidades sociales y en política económica juega un papel preponderante pues dinamiza el consumo.

Por esta razón, la erogación monetaria estatal se debe realizar de forma ordenada, sustentada, prevista con anticipación, certificando la existencia de fondos y a través de procesos de contratación conforme la ley.

Pero lamentablemente en esta materia el país arrastra una nefasta tradición de corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencias, adjudicaciones “a dedo”, sobreprecios e impunidad.  Hechos que a diario se difunden en noticieros y redes sociales, pues existen quienes de forma antiética pretenden ganar una licitación; y también aquellos que en los momentos más difíciles de nuestra historia lucran con el dolor y la angustia.

Esta realidad requiere el accionar urgente de todos, pero en particular de la Asamblea Nacional que debe analizar y modificar el proyecto que reforma el manejo de las finanzas públicas, siendo oportuno cerrar la llave al despilfarro y ordenar el gasto.

Por ello, los ciudadanos exigimos que este articulado incorpore herramientas para medir previamente en qué se invertirán los recursos públicos, pues no podemos seguir evaluando a funcionarios por cuánto gastan, hay que saber para qué. 

Es la hora de ser responsables, priorizar la inversión en desarrollo, bienestar, oportunidades para salir de la pobreza y dejar de financiar la corrupción. (O)