Los restos de un patrullero incinerado, que permanecen en la UVC 24 de Mayo, en Quito, reflejan la irracionalidad con que se atacó a la Policía Nacional durante los 11 días de violencia social generada en octubre de 2019, cuando entre los manifestantes que salieron a protestar contra la emisión del Decreto 883, que retiraba el subsidio a los combustibles, se mimetizaron antisociales que causaron heridas a 435 uniformados, algunos con daños irreversibles, y secuestraron a 215. El 65,5% de esos casos fueron atendidos en Pichincha.

Policías y militares, que habían salido para controlar las manifestaciones, terminaron -en ciertos episodios- afectados; más cuando debieron proteger a la ciudadanía del ataque de desadaptados que se tomaron calles, avenidas y carreteras, especialmente en Pichincha y Guayas, provincias en las saquearon negocios y empresas. Atacaron bienes, públicos y privados, sin importarles si era una pequeña tienda de barrio, bazar, envasadora de lácteos o exportadora de vegetales o flores. Destruyeron cuanto podían, mientras se dirigían a Quito; y saquearon cientos de negocios en Guayaquil, especialmente en la zona sur.

Al final, una evaluación indica que Ecuador perdió 821 millones de dólares por la paralización de sus actividades en octubre de 2019, pues se bloquearon 94 puntos a nivel nacional. En algunos de esos sitios se prendió fuego o rompió con palos, hierros y piedras vehículos policiales. Al final, se destruyeron 222 patrulleros y 109 motocicletas, un gran número quedó inservible, como el que permanece en la UVC 24 de Mayo, ahora un símbolo de lo que genera la violencia social. También se dañaron 5 carros blindados, 23 buses, 2 busetas, 9 camiones, 1 camión cisterna. Además, se incineraron 27 Unidades de Policía Comunitaria (UPC), 1 de Vigilancia Comunitaria (UVC); y 2 Unidades Policiales.

“Ofrendando mi vida si fuera necesario” || Auguramos una pronta recuperación a nuestro compañero tras perder uno de sus ojos. Nuestras plegarias para que vuelva pronto a cumplir con el deber, junto a la familia policial pic.twitter.com/keeCaKwC1V

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 15, 2019

RECHAZAMOS estos actos vandálicos en contra de nuestros funcionarios policiales; recuerden que detrás del uniforme está un ser humano igual que tú, que tiene familia, hijos, padres, esposa, hermanos. #EcuadorPaísDePaz pic.twitter.com/5xiklylKu3

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 10, 2019

 Secuelas irreversibles

Hoy, cuando muchos ya prestan sus servicios en otras provincias, oficiales y policías que fueron agredidos en Quito recuerdan lo ocurrido en octubre como el peor episodio en su carrera. Unos acceden a dialogar con El Telégrafo para referirse a esa experiencia, pero sin que su identidad se haga pública; otros, en cambio, prefieren no recordar más lo vivido en octubre, que no solo les dejó secuelas psicológicas, sino que, además, los llevó a experimentar, junto con sus familias, acosos desde distintos sectores.

Cuatro de los episodios más violentos contra policías sucedieron en el Centro Histórico y en Calderón. En el sitio tradicional de Quito, cuya restauración costó más de medio millón de dólares, el policía Henry Lovato de la UMO se convirtió en una pira humana, cuando recibió el impacto de una bomba molotov. En redes sociales circuló el vídeo del hombre corriendo, mientras sus compañeros lo seguían con un extintor para apagar el fuego. Al final logran su objetivo, pero las llamas ya habían hecho daño; y él, tambaleante, cae sobre la calzada. Diagnóstico médico: Quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo.

En esa zona también, Mauro Chicaiza perdió un ojo al ser atacado violentamente por manifestantes. Cuando salió del hospital de la institución recibió un significativo homenaje. Aplausos de médicos, enfermeras y compañeros de las duras jornadas, liderados por la General Tanya Varela, entonces responsable de la Dirección de Personal, lo animaron. Le desearon pronta mejoría y superación frente a la tragedia. Además, las sentidas palabras de una ciudadana que estuvo para despedirlo, lo emocionaron. “Muchas gracias, señor Policía, por ayudar y por protegernos. Gracias, por haber entregado su vida: los civiles somos buenos, somos más que los malos; y todos los buenos estamos bien agradecidos con la institución, porque ustedes nos defendieron”, expresó emocionada la mujer.

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 Secuestros violentos en Quito

En Calderón, en cambio, 56 oficiales y policías, una en estado de gestación, debieron ser rescatados por un grupo táctico de la institución, tras varias horas de permanecer secuestrados por manifestantes violentos, entre quienes no solo figuraron indígenas sino extranjeros, que vejaron, insultaron, arrastraron, golpearon y hasta escupieron a los uniformados, a quienes despojaron de todos sus bienes personales y amenazaron con asesinarlos. Les rociaron gasolina. Querían prenderles fuego. No lograron su cometido.

“Fue una tragedia de la cual prefiero no hablar más en público. Tengo una pérdida de visión, por las agresiones. Lo que vivimos aquel día de octubre no lo merecíamos, porque fuimos al sitio a dialogar, para que se abra la vía y terminamos frente a criminales”, narra hoy un policía, que continúa laborando en el Distrito Metropolitano de Quito. Al secuestro de ese grupo, se suma el de 56 aspirantes a policías de la Escuela de Formación de Alausí, provincia de Chimborazo.

Pero hubo una agresión que se transmitió en vivo. Porque así lo exigieron los indígenas, liderados por Jaime Vargas y Leonidas Iza: Fue el secuestro ocurrido el 10 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura, donde 10 miembros de la Policía, incluida una mujer, fueron retenidos junto a 31 comunicadores, entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos, uno de los cuales (Freddy Paredes) fue atacado brutalmente con una piedra a su salida del sitio. Tan fuerte fue el golpe que se desplomó en plena calle. Diagnóstico médico: Rotura profunda en el cuero cabelludo y de ligamentos de una clavícula. Su agresor, que escapó y fue detenido meses después, recibió una pena de cuatro meses. Ahora ya está en libertad.

“Estar frente a cerca de 5.000 personas, la mayoría indígenas irreverentes apuntando con lanzas, incluso, fue algo terrorífico. Traumático”, comenta uno de los policías del grupo secuestrado. Muchas ideas pasaban por su cabeza, incluso que estaban en riesgo de muerte. Temía por la compañera que estaba con ellos. También que se afecte el bienestar de los comunicadores. La furia expresada, en todo momento por Vargas e Iza, que llegó a la agresión física, todavía le indigna. Pero no presentó denuncia por temor a represalias.

Este último fue el único caso que se judicializó; es decir, se denunció ante la Fiscalía desde el Ministerio de Gobierno. Y, aunque hoy se cumple un año de ese hecho, no hay sanción judicial contra nadie. Pese a la serie de amenazas que se generaron aquel 10 de octubre, cuando incluso se llamó a romper el orden constitucional tumbando al Presidente de la República, Lenin Moreno, a quien Jaime Vargas calificó de “patojo de mierda…”.