La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional para exponer la postura de los gobiernos locales frente a la reforma al COOTAD, tras una jornada de movilización desarrollada en Quito.

El juez Raúl Llasag Fernández presentó su renuncia irrevocable a la Corte Constitucional, en una decisión que se conoció este miércoles 8 de abril y que deberá ser tratada por el Pleno del organismo en su próxima sesión.

El fallo permite modificar el dato de género en documentos oficiales de Amanda, su solicitante, tras verificar su voluntad, madurez y respaldo familiar, y reiteró que no se puede negar este trámite solo por ser menor de edad.

El magistrado Jorge Luis Terán de la Corte Constitucional fue notificado en su despacho tras la difusión de reportes sobre presuntas inconsistencias patrimoniales.

La Contraloría aclaró que no proporcionó la información difundida en medios. El caso se refiere a exámenes patrimoniales a Alí L. y José Luis T., cuyos informes fueron remitidos a Fiscalía por presuntos patrimonios no justificados.

La Corte Constitucional dio paso al segundo dictamen de constitucionalidad sobre la propuesta para quitar al CPCCS la facultad de designar autoridades, aunque condicionó el trámite a una corrección formal en el texto.

El máximo organismo constitucional del país declaró válida la suspensión del derecho a la libre movilidad nocturna en cuatro provincias del país, aunque condicionó su aplicación al respeto de derechos humanos, control institucional y funcionamiento del Estado.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional analizará este lunes 16 de marzo los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el cambio de identidad de género en adolescentes de 12 a 18 años.

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la renovación del estado de excepción dispuesta en el Decreto Ejecutivo 311, con lo que avaló su vigencia por 30 días más en varias provincias y cantones del país.

La Corte Constitucional determinó que los jóvenes entre 14 y 17 años, fueron detenidos de forma ilegal y arbitraria durante las manifestaciones de octubre de 2019.