La Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra el juez constitucional José Luis Terán, tras la filtración de informes de la Contraloría General del Estado que advierten sobre supuestas inconsistencias en declaraciones patrimoniales de magistrados.

El juez fue notificado la tarde del miércoles 1 de abril de 2026 en su despacho, minutos antes de las 14:00, en el inicio de un proceso que ahora deberá ser investigado por la autoridad competente.

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Caso se cruza con otra causa clave

José Luis T. es el magistrado que conoce una de las acciones presentadas en contra del nombramiento del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, designado por el Consejo de la Judicatura durante la gestión del destituido Mario Godoy.

En este contexto, la investigación adquiere especial relevancia, ya que el propio Alarcón, como titular de la Fiscalía, está al frente de la indagación que podría derivar en un proceso penal contra el juez.

Otros magistrados también bajo la lupa

El otro juez mencionado en los informes, Alí L., fue notificado la semana pasada por la Fiscalía. Ambos magistrados deberán designar abogados para su defensa dentro del proceso.

Según informó el contralor Mauricio Torres, actualmente se examina a seis jueces de la Corte Constitucional: tres procesos ya concluyeron, tres están en ejecución y otros tres están por iniciar.

“Son indicios los que presentamos. La Fiscalía es la encargada de investigar”, explicó el funcionario en declaraciones radiales.

La Corte Constitucional del Ecuador emitió un pronunciamiento en el que alertó sobre presiones institucionales sostenidas desde 2025 que podrían afectar la independencia judicial.

A esto se sumaron 30 juristas agrupados en el Foro por la Democracia, quienes advirtieron sobre un posible “deterioro institucional” y un intento de debilitar la democracia.

Además, la Corte recibió respaldo de exmagistrados como Daniela Salazar, Ramiro Ávila y Agustín Grijalva.

Investigación en curso

El proceso se mantiene en fase inicial y, por el momento, no se han anunciado medidas cautelares. La Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para formular cargos en contra del magistrado.

El caso se desarrolla en medio de un escenario de tensión institucional, con cuestionamientos cruzados entre organismos de control y la Corte Constitucional.

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