De alcanzar el Palacio Legislativo, ¿en qué temas se centrará?

En recuperar la independencia del poder Legislativo para que cumpla adecuadamente con su tarea de legislar y de fiscalizar. No digo que debe ser enemigo del Ejecutivo, pero debe tener la autonomía suficiente como para aportar en el debate del enriquecimiento de los proyectos que son entregados de cualquier fuente.

¿Cómo prevé conseguir esa independencia?

La Ley Orgánica de la Función Legislativa es un instrumento que fue diseñado para someter a la Asamblea. En esa norma se establecía que la interpretación auténtica es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, por lo que los ediles podían aprobar leyes sin necesidad de que estas fueran al Ejecutivo. El presidente Rafael Correa dispuso que la Corte Constitucional declarara inconstitucional esa parte por lo que ni siquiera eso les permite.

Yo impulsaría reformas a esa norma, puesto que además impide la correcta fiscalización al decir que ningún ministro está obligado a entregar información ante el inicio de un juicio político sin el visto bueno del presidente de la Asamblea o el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y por eso se frustran desde el inicio los procesos de fiscalización.

¿Qué normas impulsaría?

El nuevo Código del Trabajo, que ha sido discutido con los sectores sindicales y algunos grupos de empresarios. Su finalidad es implementar una política salarial en el Ecuador, observando las particularidades de cada sector. No se debe aplicar un salario igualitario para todos porque genera inequidades para los trabajadores y serias dificultades para algunos empleadores a los que se les hace imposible sostener una ausencia de política salarial para poder fomentar empleo y lograr un crecimiento en su actividad empresarial.

En el sector de la educación, ¿qué propuestas tiene?

Reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, pues ahí está la imposición del Bachillerato General Unificado (BGU). Debemos volver al bachillerato por especialidades e, incluso, propender el tecnológico o técnico para que los graduados tengan la opción de insertarse en el mercado laboral y no necesariamente optar por la Educación Superior, si así lo desean.

También hay que reformar la Ley de Educación Superior para lograr que todas las universidades cumplan con un papel en la educación de conocimiento, innovación y creatividad que, actualmente, por cuestión de presupuesto, solo se le permite a Yachay, que recibe el 50%.

En cuanto a la generación de empleo, ¿cuenta con algún planteamiento?

Impulsaremos una vez más la Ley del Comerciante Autónomo, cuyo fin es generar empleo porque les da la oportunidad de contar con seguro social, crédito y prohíbe el decomiso de su inversión. El proyecto fue tratado por iniciativa de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, en el anterior período legislativo. Por eso lo retomaremos y, como fue vetado totalmente hace más de un año, se lo puede aprobar en un solo debate y que vaya directamente al Registro Oficial.

¿Cuál será su posición ante la Ley de Comunicación?

No hay que derogarla, pero sí reformarla. Esto debido a que hay puntos rescatables como la  promoción de la interculturalidad y del talento artístico nacional, así como los principios deontológicos (códigos de ética de los comunicadores sociales); sin embargo, hay que eliminar de la norma el linchamiento mediático.

¿Qué hará con la Ley de Plusvalía?

Voy a derogarla porque es inconveniente, innecesaria e inoportuna. (I)