Todo empezó como un juego. Adriana (nombre protegido) tenía 17 años y cursaba el segundo año de bachillerato. Sus amigos le ofrecieron dinero a cambio de tocar su cuerpo. Para ella fue una broma, pero el dinero que ganaba su mamá apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de la casa, y ella quería efectivo para comprar cosméticos, ropa, bisutería.

“Fue ahí cuando accedí a que cinco de mis compañero de clase me tocaran. Cada uno me dio $10”.

De eso ya han pasado 10 años. Adriana dejó su colegio y su casa. Hace cinco años llegó a Quito desde Santo Domingo de los Tsáchilas para trabajar en un centro nocturno ubicado en el sur de la urbe.

“Tuve problemas con los horarios, debía trabajar los fines de semana y pagar multas para salir antes de que se cerrase la caja”. Desde entonces, tres o cuatro días a la semana se para junto a otras mujeres en la esquina de las calles Guayaquil y Manabí, en el Centro Histórico de la capital en búsqueda de clientes.

En el transcurso del día consigue entre 8 y 10 clientes. Entrega $ 3 al hotel. La tarifa por contacto sexual en el centro es de $ 13, pero puede bajar o subir, según el acuerdo.

Adriana es delgada, alta y mide 1,70. Junto a ella se encuentran otras mujeres un poco más maduras y con cuerpos menos esculpidos.

Todas llevan un bolso y mientras esperan que alguien solicite sus servicios conversan de sus hijos, cómo pasaron la Navidad y sobre la incertidumbre que sienten al no saber en dónde pueden ser reubicadas.  

“Solo queremos trabajar”, dice una mujer que no desea identificarse, pero que asegura tener 37 años, de ellos 18 trabajando en la calle. Tiene hijos y hasta un nieto de cinco años. Ambas mujeres, Adriana y ella, participaron de los plantones que en meses pasados hicieron frente al Municipio.

Según Elizabeth Molina, presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, su pedido radica en la regularización de su trabajo y en el rechazo a la criminalización del oficio que muchas realizan desde hace más de 10 años.

Cinco cuadras más hacia el sur, en los exteriores de la Plaza de Santo Domingo, se ve a ocho trabajadoras sexuales. A ellas les preocupa que los moteles sean cerrados, como ocurrió en octubre pasado. Para Juana, de 29 años, la solución es ocupar una calle paralela al bulevar de la 24 de Mayo, en el centro.

“Es una calle sin salida, algo estrecha y escondida para que los vecinos no se sientan incómodos por nuestra presencia”. Ella sostiene que esa fue una de las alternativas de la que se habló en las muchas reuniones que han tenido con las dirigentes. Sin embargo desconoce si la propuesta llegó hasta el alcalde Mauricio Rodas.

A pesar de que en octubre las autoridades del Municipio y los moradores de los barrios del Centro Histórico acordaron la conformación de una comisión para encontrar una salida a la problemática que supone la presencia de las trabajadoras sexuales en las calles del casco colonial, no hay acciones concretas.

“Se nos habló de un bulevar, pero nadie sabe en dónde es”, dice ‘Miel’, otra chica que trabaja en las calles aledañas a la iglesia de Santo Domingo. Durante las reuniones que se realizaron, Rodas puntualizó que el sitio exacto donde se ubicará el bulevar se mantendrá en reserva hasta que se logre un consenso con todos los involucrados.  

Según el sociólogo Dimitri Peñasco, de la Universidad Central, el oficio sexual es mucho más antiguo de lo que muchas personas creen. “Ellas también son parte de la dinámica de una urbe. La discriminación que sufre su oficio es una construcción social que debe romperse”. El experto sostiene que la prostitución no puede desaparecer de un lugar, y que lo que se debe hacer es buscar formas de consensuar.

El sol empieza a esconderse en la capital. Son las 18:30. Adriana logra hacer contacto visual con un hombre que la mira desde la otra acera, guarda su celular y se va con él mientras sus compañeras siguen a la espera de un cliente.  (I)