Tener una “ciudad libre de clínicas que atenten contra los derechos humanos” es el objetivo que plantea el concejal de Quito, Norman Wray, quien a través de un Proyecto de Ordenanza pretende eliminar los centros de rehabilitación que sometan a sus pacientes a maltratos físicos y psicológicos.

Durante un foro, desarrollado ayer en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), Wray mencionó la importancia de que en la capital ecuatoriana se prohíban clínicas, centros médicos, centros de rehabilitación y desintoxicación donde se someta a sus pacientes a cualquier tipo de tortura o trato degradante.

“La Constitución en su artículo 66, numeral 3, prohíbe todo tipo de tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”, dijo.

El proyecto presentado por el concejal retoma lo establecido en el artículo 3 de la Ordenanza 240: “La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito diseñará e implementará programas para contrarrestar  la discriminación por orientación sexual, con la participación de los grupos organizados de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersex (GLBTI), y otras organizaciones de la sociedad...”.

Esta propuesta ha sido cuestionada por la agrupación “Igualdad de derechos ya”. Ellos dicen que de acuerdo con la Constitución, el Estado debe adoptar medidas de acción afirmativas para promover la igualdad a favor de los grupos minoritarios.      

Efraín Soria, coordinador del organismo, emitió un comunicado a través del cual dijo al funcionario que esta medida es “una competencia del Gobierno central”.

Con ese antecedente, Soria asegura que si Wray desea legislar a favor de la comunidad GLBTI, debería primero preguntarse si a través de su gestión “ha realizado alguna fiscalización al Municipio sobre los trabajos con la comunidad GLBTI”.

Hay grupos que se han manifestado a favor del proyecto legal. Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X, señaló que su grupo espera que se apruebe esta ordenanza para que sea tomada como ejemplo en la ciudad de Guayaquil. “Es una gran iniciativa”, opinó.

Por otro lado, Carina Vance, titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó que el organismo se encuentra regulando estos centros de tratamiento para los adictos de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, a nivel nacional.  

El Ministerio realiza un cambio al reglamento que controla esas clínicas, porque el año pasado  recibieron tres denuncias de violación a los derechos humanos. 

El cambio dentro de este reglamento consiste en radicalizar las sanciones a los centros que atenten contra la dignidad de los pacientes. “Como MSP tenemos la obligación de exigir que no haya hacinamiento, que haya profesionales con el perfil adecuado…”, dijo la funcionaria, y señaló que si uno de estos centros realiza correctivos puede volver a abrir sus puertas.

No obstante, si maltrata a sus pacientes, se tomarán medidas radicales. “Para eso estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y con la Fiscalía”, indicó.

La asambleísta María Paula Romo, quien participó en el foro, considera que todavía es necesario analizar y reconocer qué pasa con estas agrupaciones, ya que el Ecuador todavía forma parte de “esa estructura de prejuicios”.