Ellos no pueden protestar si no les dan de comer, si los encierran, si tienen sed, si los golpean, si no los atienden cuando están enfermos, si los violan o los matan...

Los animales, sean silvestres, de compañía, de trabajo, de experimentación, de espectáculo o de consumo, merecen tener una vida digna. Así lo estipula la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en onglés).

Sin embargo, ese precepto, publicado en 1965, y la Declaración Universal de los derechos del Animal, de 1978, aún no se practica.

Un ejemplo de ello sucedió en febrero de este año cuando se conoció el caso del perro Brauny, que fue presuntamente lanzado desde la tribuna norte del estadio Capwell, en Guayaquil.

Pero hay otros maltratos que no salen a la luz, como las perritas que son rescatadas y llegan con su sistema reproductor destrozado a la clínica  de la Fundación Protección Animal Ecuador (PAE).

Según Lorena Bellolio, directora de la fundación,  atendieron cinco casos de abusos sexuales en 2017. “En Ecuador en lugar de avanzar, con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se retrocedió al sacar a la zoofilia y al decir que el maltrato animal sea solo una contravención y no un delito”. 

El COIP, en su artículo 249, sanciona el maltrato animal con 50 horas de trabajo comunitario y prisión de 3 a 7 días si el animal muere y no contempla el bestialismo, como en la normativa anterior. El Código Orgánico Ambiental (COA) sí prohíbe las prácticas sexuales con animales, en el artículo 146.

 “Hay un maltrato animal a todo nivel por falta de educación”, asegura Andrés Ortega, veterinario director del Instituto Tueri-USFQ. Los animalistas concuerdan. “Es necesario aumentar la rigurosidad de los castigos. Hay que construir políticas educativas para la empatía con los animales”, sostiene Mónica Cabrera, de Rescate Animal Ecuador, en Guayaquil.

En esa fundación se recibieron, desde enero a septiembre de 2018,  252 denuncias por correo electrónico, 12 casos de asesoría legal en el despacho y 3 de patrocinio por muerte de animales.

Sin embargo, en la Fiscalía General del Estado no se registran denuncias por maltrato animal, desde 2016 a lo que va de 2018.

“La ciudadanía debe denunciar. Quien maltrata animales, maltrata a personas. No se puede invisibilizar el problema. No puede ser que existan grupos en redes sociales que promueven la zoofilia y no se pueda hacer nada”, reclama Gabriela Quiroga, de Raíz Animal.

La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (Coppa) realizó un estudio con justificación científica y sugerencias jurídicas para la regulación penal del abuso sexual de animales en Ecuador. En 86 páginas se incluyen capturas de pantalla de chats y grupos ecuatorianos en redes sociales que promueven la práctica.

De la misma manera la investigación señala que en la herramienta de búsquedas de tendencias en internet, Google Trends, Ecuador es el tercer país de América que más busca el término bestialismo. Los primeros son Puerto Rico y Bolivia. Bellolio entregó los documentos al asambleísta Jorge Yunda, coordinador del Grupo Parlamentario de Bienestar Animal.

El legislador presentó un proyecto de ley, el 31 de octubre de 2017, para modificar el COIP y tipificar delitos de flora y fauna. Además, propone tipificar como delito la invasión de áreas protegidas y castigar el abandono y la disección en especies vivas.

Explicó que “nos reunimos periódicamente con colectivos nacionales e internacionales para tener una legislación que permita la concienciación de la ciudadanía al coexistir con los demás seres vivos”.

El 4 de octubre pasado la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, puso a consideración de esa instancia legislativa el borrador del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal.

En el punto 4.6 se indica que se tipificarán las lesiones y agresiones sexuales en contra de animales. Recomienda que se catalogue como delitos y no como contravenciones.

El lunes, 29 de octubre, la Comisión de Justicia recibió a la directora de Protección Animal, quien en 40 días deberá presentar el articulado.

Mientras tanto en los próximos días el PAE lanzará una campaña ciudadana en contra del maltrato. (I)