“Cumpliremos exactamente lo dispuesto porque la universidad tiene que respetar la gratuidad conforme manda la ley. Si hubiesen valores pendientes, el pago debería realizarse de forma inmediata”, manifestó José Apolo, vicerrector académico de la UG.  

El Consejo de Educación Superior (CES) anunció el pasado miércoles que la Universidad de Guayaquil (UG) deberá pagar 300 remuneraciones mensuales unificadas (RMU) equivalentes a 95.400 dólares, como multa por realizar cobros indebidos a los estudiantes de dicha institución educativa.  

“Hemos decidido sancionar a la universidad porque se ha comprobado que violó  el derecho de la gratuidad de la educación superior”, manifestó René Ramírez, presidente del CES.

El vicerrector Apolo explicó que se enteraron a través de diferentes medios de comunicación sobre la resolución del CES, que determinó que en un mes la universidad debe emitir un informe detallado sobre el tema, pero precisó que aún no han recibido la notificación oficial de la institución.

“Eso es un asunto legal que tiene que analizarlo el procurador de la universidad y el Departamento de Asesoría Jurídica para determinar cómo se va a responder frente a esta  sanción impuesta a la universidad”, indicó Apolo.      

Respecto al tema, Ramírez expresó que el valor económico que deberá pagar la UG está determinado con base en el artículo 10, inciso N, del Reglamento de Sanciones del CES. Éste señala que es una infracción grave el no respetar la gratuidad de la educación superior. “Por ahora no puedo adelantarme porque los encargados tienen que determinar cuál será el procedimiento para responder a la sanción”, mencionó el vicerrector.         

Sobre la eventual sanción a nivel interno de la unidad académica a los funcionarios involucrados, Apolo aclaró que era una medida que tendría que ser revisada por el órgano colegiado superior de la institución. “La LOES establece un procedimiento en caso de faltas cometidas por estudiantes, profesores, o autoridades. El órgano colegiado superior, que es el máximo organismo de la universidad, una vez que conozca detalladamente sobre esta multa establecerá el procedimiento a seguir”.

Apolo detalló que primero el caso será presentado ante la Comisión Especialísima, que es la que investigará y establecerá responsabilidades mediante un informe, y luego el órgano colegiado superior  tomará la decisión correspondiente.

“Se está procediendo a la devolución desde que emitimos una circular el año pasado; los estudiantes que se han visto afectados por algunas de estas actividades han presentado sus solicitudes y seguirán haciéndolo conforme ha establecido la universidad”, precisó Apolo respecto a otra medida de la resolución del CES sobre la devolución del dinero. “El rectorado dispuso que en los departamentos respectivos se suprima toda emisión de recibos”.

De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), “se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los estudiantes”.

Marina y Miguel  -quienes prefirieron omitir sus apellidos- están de acuerdo con la medida adoptada por el CES. Ambos son egresados de Informática en la Facultad de Filosofía; ella a finales de 2010, y él recién en 2012.  

“No reclamaba por el cobro del seminario ni las prácticas por temor a que no me permitieran hacer la tesis, pero cuando supe que iban a devolver el dinero vine de inmediato”, dijo Marina. Miguel señaló que el costo de los cursos iba desde los 50 hasta los 200 dólares.