El derecho de las ecuatorianas a una vida libre de violencia y a la igualdad de género, se encuentra consagrado en la Constitución de 2008. Y de manera operativa en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (LoipeVcM) de 2018.

En efecto, la (LoipeVcM) es una ley de segunda generación que especifica los tipos y ámbitos de violencia. Además, las obligaciones de las diferentes instituciones del Estado central y los gobiernos locales que deben atender y proteger, prevenir y reparar a las víctimas, a través de políticas públicas que conformarán sistemas especializados y juntas de protección de derechos.

Largas batallas libramos desde hace más de cuatro décadas las feministas y defensoras de los derechos de las mujeres para avanzar en la legislación, políticas públicas e institucionalidad, con un adecuado rango jerárquico para la rectoría de políticas públicas.

Nuestro balance, a 25 años de Beijing en materia de institucionalidad pública, es que en la etapa del correísmo perdimos de manera irreparable los avances logrados en los noventa, ya que se eliminaron los Consejos de Igualdad como órganos rectores de política, que en el caso del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu) estuvo anclado a la Presidencia de la República.

En el tramo de la historia reciente por la conquista de nuestros derechos, arrancamos el proceso de formulación participativa de la ley hace cinco años; exactamente, el 24 de noviembre de 2014, cuando se presentó el Informe Sombra de las organizaciones de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador al Comité Cedaw.

En el marco de la campaña #FirmoYCumpliré, que llevó a cabo la Coalición Nacional de Mujeres, el presidente Moreno y varios legisladores se comprometieron con la promulgación de la Ley y su implementación.

La creación de Misión Mujer en 2018 incluyó tres compromisos presidenciales: la implementación de la Ley de Violencia, la Política Nacional de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes y la política para el Empoderamiento Económico de las Mujeres.

Paralelamente, en la transición institucional desde Ministerio de Justicia hacia la Secretaría de Derechos Humanos, se creó la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, ente rector de la Ley.

Es conocido que la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias enfrentan patrones culturales que naturalizan las desigualdades, discriminaciones y violencia contra las mujeres y niñas. Y que estas se reproducen cotidianamente en la familia, la sociedad y el Estado.

Pero es importante señalar que la promoción de estos modelos cuenta con actores políticos, económicos y religiosos que ostentan cargos decisorios en los más altos niveles del Gobierno. Y llevan a cabo una estrategia de combate a los cambios generados en el marco constitucional, en la Ley de Violencia contra la Mujer, en las políticas de igualdad y en la institucionalidad lograda; al tiempo que accionan en contra de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

La decisión de la Asamblea Nacional del 16 de septiembre de 2019 de no introducir el #AbortoPorViolación en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), mantiene una norma penal discriminatoria contra las mujeres que continúa limitando el derecho a decidir sobre sus cuerpos e impone la maternidad y múltiples violencias.

El veto presidencial sigue el mismo camino y traslada la decisión a la Corte Constitucional, poniendo el tema en un compás de espera en el que se subordinan la dignidad y la vida de las mujeres y las niñas a las decisiones económicas y políticas de la coyuntura.

La asignación de recursos en la proforma presupuestaria en el Ejecutivo y en la Asamblea Nacional, son decisiones políticas que en el 2019 tienen el pretexto perfecto en la restricción fiscal.

Y esta vez, son decisiones que restringen derechos, porque obstaculizan la implementación de las políticas públicas para la prevención de las violencias, atención y protección a las víctimas y reparación de sus derechos.

Ya lo vimos venir en la aprobación del Plan Anual de Inversión: ni la implementación de la Ley de Violencia, ni la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes recibieron dictamen de prioridad. Esto significa que dos de los tres componentes de Misión Mujer se caen porque no tienen recursos para su implementación.

Prevenir el embarazo en niñas y adolescentes le significaría al Estado ecuatoriano una inversión de $16’430.000 en 2020. $5’700.000 en Salud; $ 6’300.000 en Educación, $ 4’430.000 en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Ninguno de estos montos fueron priorizados y no entraron en la proforma.

La Secretaría de Derechos Humanos, como institución rectora de la Ley de Violencia contra las Mujeres, presentó al Ministerio de Finanzas una proforma por $ 5’408.561.

Este monto incluía la implementación de nuevas casas de acogida y centros de atención integral, así como el fortalecimiento de los servicios de protección especial de atención directa a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

La proforma presupuestaria 2020 enviada por el Ministerio de Finanzas a la Asamblea Nacional asignó $ 876.862 para la aplicación de la Ley. Así están los derechos de las mujeres y niñas ecuatorianas para el 2020. (O)